El proyecto de Sánchez

El gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido la tranquilidad en las calles de Cataluña a fuerza de concesiones: presupuestarias, a costa de la lengua común a todos los españoles, la enseñanza y la ley, que allí no rige. Tampoco cuentan como desórdenes públicos –menos aún como violencia– las presiones ejercidas sobre los no nacionalistas: los padres que quieren una enseñanza en castellano, los estudiantes y los profesores que la utilizan en los centros de enseñanza, incluidas las universidades (como el acoso a S’ha Acabat!), los jóvenes que quieren hablar en su idioma, tan oficial en la región como el catalán, y, claro está, los partidos políticos que se niegan a participar del nuevo oasis catalán post procés. En el País Vasco, también se ha conseguido la paz, aunque esta vez el precio ha sido el triunfo del nacionalismo. Y para que la paz y la tranquilidad fraterna sean aún mayores y que los filoetarras gobiernen pronto con el PSE, se toleran las manifestaciones de odio a la Guardia Civil y se jalean las recepciones festivas a los criminales de la ETA.

La «tranquilidad» en las regiones donde gobierna el nacionalismo contrasta con los desórdenes que han empezado a producirse en otras zonas de nuestro país y de los que han sido dos una avanzadilla notable los de Cádiz. Estos días hemos asistido a la manifestación masiva de las fuerzas de orden público –nacionales y autonómicos–, y parece que tenemos por delante una larga serie de conflictos que, según lo previsto, culminará el 22 de diciembre con una manifestación de los vendedores de lotería delante del teatro en el que se celebra el sorteo navideño. Hasta entonces, hay previstas manifestaciones y huelgas de trabajadores y empresarios de la pesca, así como de transportistas. El descontento sigue creciendo en el campo, ente agricultores, ganaderos (en particular en el sector lácteo) y cazadores, en el sector de la peluquería y en una parte importante de los funcionarios.

El desequilibrio entre la «paz» en las regiones gobernadas por los nacionalistas, y las protestas que vienen en el resto de España aclara la estrategia de Pedro Sánchez. Al aceptar el pacto de investidura, Sánchez se comprometió a promover una acción política encaminada a dejar el País Vasco y Cataluña en manos del nacionalismo, y más precisamente del nacionalismo de izquierdas, con el apoyo activo de los partidos socialistas correspondientes, el PSE y el PSC. La prioridad en el resto de España no es, sin embargo, la resolución de los desafíos que plantea una situación tan compleja como la española. Aquí el pacto de legislatura compromete a Sánchez con sus compañeros de gobierno, lo que queda de Podemos, aledaños y nuevas plataformas, y con lo que el propio Sánchez ha asimilado de estos movimientos. Muy lejos queda la gestión de los problemas de la ciudadanía, el diálogo con las organizaciones representativas, las reformas pactadas: estamos en una fase distinta, de subversión cultural, institucional y social inspirada por el populismo neocomunista latinoamericano y promovida por el Gobierno y sus amigos. Como es natural, el descontento va creciendo y la conflictividad irá revelando lo que el nacionalismo intenta disimular. Desmantelar España y convertir lo que quede en una sucursal de la Venezuela bolivariana. Un proyecto histórico, sin duda alguna.