Opinión

Ética y gobernanza

Es el sugestivo título de un libro de Elsa González Esteban editado en 2013 que incluye esos esenciales compromisos en el cosmopolitismo del siglo XXI, que es una idea, un concepto que postula que todos los seres humanos pertenecen a una sola comunidad que está basada en una moral compartida. Es decir, son un paradigma social que se ve reflejado en los estatutos de las organizaciones internacionales como la ONU o la UE y sirven por tanto de referencia a las naciones.

La ética y la gobernanza son un paradigma social muy demandado por las sociedades del siglo XXI que están exigiendo a gritos, o al menos deberían hacerlo, una ética y gobernanza de las instituciones del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y también un comportamiento ético ciudadano.

Según Esteban, lo que pretende la sociedad es que el comportamiento ético individual y colectivo y la gobernanza sean asumidos como una «res pública» que sea capaz de orientar y exigir el quehacer cotidiano de las instituciones, las organizaciones, la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos y también de los ciudadanos.

Dentro del espacio de justicia de la Unión Europea los ciudadanos tienen derecho a exigir la gobernanza pública y de hecho pueden denunciar su falta o deterioro, como así lo hacen muchos de ellos, ante el Tribunal de Justicia de la UE al ser una exigencia incluida en su corpus legal.

Hasta el momento, el fenómeno de la gobernanza se ha abordado, en las pocas ocasiones que lo ha sido, desde perspectivas políticas, económicas y sociológicas, incluso de la gestión y dirección, pero no desde una perspectiva de comportamiento ético individual y colectivo. Creemos que ambos conceptos, gobernanza y comportamiento éticos, son inseparables.

Es preciso aclarar que cuando hablamos de gobernanza nos referimos no solo al buen gobierno, que es una acción tradicional de carácter vertical, desde el Estado hacia la sociedad civil y los ciudadanos, sino a mucho más, a una interacción en la que el ciudadano es el centro de gravedad de la gobernanza, que además es un derecho de los ciudadanos que promueve un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y los actores económicos para conseguir un desarrollo económico, social e institucional sostenible.

Como decimos, el comportamiento ético de las personas físicas, es decir de los ciudadanos, es exigible también a las jurídicas, en otras palabras, a las organizaciones, empresas e instituciones que deben tener un comportamiento ético, visible, palpable, como los ciudadanos, y su falta debería tener consecuencias jurídicas y políticas.

Sin duda ese comportamiento ético es exigible muy especialmente al Estado, al gobierno, a los partidos políticos, a los sindicatos y a los servidores públicos. Además el gobierno central y los autonómicos deberían estas concernidos por la exigencia de la UE de gobernanza pública.

El comportamiento ético y la gobernanza son fundamentales para reforzar el estado de derecho y combatir la corrupción. El estado de derecho y el imperio de la ley son la base de las naciones libres y democráticas y es por ello que la gobernanza y el comportamiento ético son imprescindibles para mantener la Libertad y la Justicia. Es precisamente en el ámbito de la Justicia donde son esenciales, caso contrario caeríamos en la arbitrariedad y la injusticia.

Gobernanza, comportamiento ético individual y colectivo, a lo que añadimos la sostenibilidad medioambiental, deberían ser los pilares de cualquier sociedad avanzada del siglo XXI. Es fácilmente comprobable que muchas empresas cotizadas incluyen esos tres pilares en su base normativa y estatutos. La sociedad civil está en este sentido más avanzada que las instituciones del Estado y que otras de la sociedad civil como partidos políticos y sindicatos.

Las Fuerzas Armadas son una excepción ya que por su misión, cometidos y los medios que utilizan para cumplirlos tienen asumido, en su mismo ser, un código ético y gobernanza que denominan Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y un empeño de su palabra y honor ante el símbolo de la nación de cumplir su misión hasta sus últimas consecuencias.

Los ciudadanos además de demandar una ética y gobernanza públicas, deberíamos ser capaces de exigir políticos honrados, con capacidad de servicio, preparados y con un comportamiento ético que les permitiera ejercer esa gobernanza pública a la que tenemos derecho.