100.000 millones de euros

Hace aproximadamente 15 años que estalló en España la mayor de las burbujas inmobiliarias de nuestra historia: un estallido que no sólo se llevó por delante la economía sino también nuestro sistema financiero.

La banca española, y muy en especial el sector de las cajas de ahorro, había sobreinvertido de manera exagerada y desproporcionada en el ladrillo y, por eso, cuando la industria inmobiliaria se vino abajo, se desató una ola de impagos que provocó la descapitalización (y en algunos casos la quiebra) de nuestras entidades financieras.

Ante tal coyuntura, había tres opciones: o dejar caer descontroladamente al sector bancario español, u orquestar un rescate estatal o imputar las pérdidas a los acreedores privados del sistema financiero pero sin proceder al concurso de las entidades. La primera posibilidad habría supuesto una debacle económica aún mayor de la que ya padecimos: la intermediación financiera habría colapsado por entero y la deflación habría golpeado más agresivamente los márgenes empresariales. Algunos defendimos la tercera vía, que habría sido no sólo la más asequible para el contribuyente sino también la más justa, pero los gobiernos de PSOE y de PP apostaron por la segunda: recapitalizar a las entidades con cargo al contribuyente.

La factura de esta operación no ha sido pequeña: el Tribunal de Cuentas acaba de publicar su estimación provisional de pérdidas y el quebranto para el ciudadano es enorme. Anoten: el agujero de Bankia (incluyendo el de Banco Mare Nostrum) asciende a 24.069 millones de euros; el de Catalunya Banc, a 13.869 millones de euros; el de la CAM, 12.474 millones de euros; Novacaixagalicia a 10.350 millones de euros; el de Banco de Valencia, a 6.103 millones de euros; el de Caja Castilla-La Mancha, a 4.215 millones de euros; el de UNNIM, a 2.905 millones de euros; el de CEISS, a 1.559 millones de euros; el de CajaSur, a 1.192 millones de euros; el de Banco Cívica, a 977 millones de euros; el de Caja 3, a 407 millones de euros; el de Banco Gallego, a 245 millones de euros; y el de Liberbank, a 124 millones de euros.

Añadan a todo ello la deuda pendiente de pago del «banco malo» (la Sareb), estimada en 34.918 millones de euros, y llegarán a un coste potencial de más de 100.000 millones de euros. Ahí es nada.