El Gobierno de Pere Aragonés ha mostrado esta semana su disposición a incumplir el mandato del TSJC de impartir en las escuelas de Cataluña un 25% de asignaturas troncales en castellano, atentando contra los derechos de muchas familias. También esta semana hemos conocido un acuerdo de la Mesa del Parlament, adoptado con la abstención del PSC de Salvador Illa, contra la decisión de la Junta Electoral Central, que ordenó retirar el acta al diputado de la CUP y secretario de la Mesa, Pau Juvillà, por su condena a inhabilitación por desobediencia, que fue dictada por la Sala Civil y Penal del TSJC. La Mesa, que tenía obligación de cumplir la orden de la JEC y retirar el escaño a Juvillà, ha preferido incumplir gravemente la legislación electoral, consintiendo una usurpación de la función representativa por parte de quien ya no tiene la condición de diputado. Son hechos que parten de actores políticos independentistas que dominan el escenario institucional en Cataluña, los mismos que están provocando lo más parecido a unos años de plomo, que se producen en un contexto de débil vigencia del Estado de derecho en Cataluña, por la capacidad para la cesión de un Gobierno central, el de Pedro Sánchez, entregado a la bilateralidad dependiente con unos socios insaciables que ven una meta volante en cada negociación. Una grave situación que obliga a muchos ciudadanos de a pie a luchar judicialmente por sus derechos contra una Administración empeñada en no reconocérselos, como si se tratara, aquí si es pertinente el término, de una caza de brujas. El artículo 118 de la Constitución establece con claridad que «es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto». Sin embargo, las autoridades catalanas han decidido que las sentencias que les molestan no se cumplen, declarándose por encima de la Ley y el Derecho como solo lo hacen los regímenes absolutistas y las peores dictaduras. Aprovechan la inactividad del Gobierno de la Nación, que se muestra más proclive a premiar este tipo de comportamientos que a censurarlos o perseguirlos, como sería su obligación, y que utiliza sus propios desistimientos como fórmula negociadora para la obtención de resultados parlamentarios positivos. La suma de la proactividad de unos y de la pasividad de otros está derivando en un ambiente propicio para quienes prefieren que no se les aplique la ley. Un clima asfixiante para la mayoría silenciosa de los constitucionalistas catalanes, con insólitas derivadas, como el dato relativo a las ocupaciones (con C) ilegales de viviendas, un fenómeno muy preocupante, que en Cataluña supone el 42% del total, cuadruplicando a Madrid y triplicando a Andalucía. Un ejemplo que evidencia que el incumplimiento normativo, y su consentimiento, además de no solucionar conflicto alguno, multiplican de manera exponencial, por contagioso efecto de la falta de ejemplaridad, determinados delitos e infracciones. Una suma de hechos que nos lleva a la conclusión de que, en esta situación, debe ser el Estado, a través del Gobierno de la Nación, quien responda con todos los mecanismos políticos y jurídicos a su alcance para restablecer el imperio de la ley en Cataluña. De no hacerlo será cómplice de un desacato tras otro a la justicia y una agresión al orden constitucional, que provocará su propia derrota política, porque los españoles se merecen, como mínimo, un Gobierno que cumpla y haga cumplir la ley. No todo vale y mantenerse en el poder a cambio de permitir el incumplimiento de la ley pasara factura, y muy pronto.