Rogante y arrogante

El sanchismo, que no hace mucho cerró ilegalmente el Congreso de los Diputados, lo ha convertido esta semana en el centro del escarnio político. Son muchas las cosas que así lo atestiguan, además de la reforma laboral, que salió adelante con más votos en contra que a favor, gracias a una cacicada parlamentaria, y para cuya aprobación hubo un intento de compra política de dos votos a través de un chantaje del que formaba parte Bildu. Por ejemplo, el proyecto de Ley de Vivienda que remitió el Gobierno al Parlamento, que además de sectario en lo político y endeble en lo jurídico y de suponer un ataque a la libertad individual y de mercado y a la propiedad privada, contaba con el rechazo frontal del CGPJ, por razones de legalidad. O el enorme ridículo parlamentario de utilizar una sesión plenaria plagada de preguntas florero, convirtiéndolo en una plataforma electoral y mitinera donde arrancar votos en Castilla y León. Un electoralismo al que no es ajena esa investigación parlamentaria anunciada por la izquierda más sectaria, relativa a los presuntos abusos de menores en ámbitos relacionados con instituciones religiosas. Una pretensión en la que sus promotores han sido pillados in fraganti, porque se han negado a estudiar los abusos que se producen en otros ámbitos, demostrando que su preocupación no es proteger a los menores, sino dividir a la sociedad española en torno a sus particulares obsesiones, como demuestra también la prohibición de realizar expresiones religiosas en determinados espacios públicos, lo que choca frontalmente con dos libertades, la de expresión y la de culto.

La palma de los sinsentidos gubernamentales de los últimos siete días se la ha llevado lo del decreto-ley de las mascarillas, que el Congreso convalidó el pasado martes, demostrando a las claras que, para este Gobierno, siempre a caballo entre Torquemada y Maquiavelo, el fin justifica los medios. De otra forma no se comprende que se metiera en un mismo texto legal tramitado con la máxima urgencia cuestiones tan heterogéneas como la prórroga del uso de mascarillas en el exterior y la subida de las pensiones. La idea, claro está, es que, al no poderse votar por separado cada propuesta, una convirtiera a la otra en un «trágala».

Experto en someterse a los chantajes de las minorías parlamentarias, esta vez fue el Gobierno el que extorsionó a sus socios frankensteinianos, logrando así mantener la prohibición de prescindir de las mascarillas en espacios exteriores, sin informes ni apoyo científico y sin consenso con las CCAA, eso sí, durante una semana más, toda vez que el Consejo de Ministros derogará pasado mañana lo que acaba de convalidar en un ejercicio de puro funambulismo político. Medidas cosméticas de ida y vuelta de un Gobierno que quiere aparentar que toma medidas, pero que no ha sido capaz de dotar a España de una ley anti-pandemias, que seguirá siendo necesaria también cuando esto acabe, y cuyos antecedentes son dos estados de alarma inconstitucionales. En la sede de la soberanía ha quedado claro que el Gobierno, tan rogante con sus socios como arrogante con sus adversarios, carece de ética democrática, porque no le importa ni la legalidad ni la constitucionalidad de sus actuaciones, lo que está provocando una enorme degradación de nuestra democracia y de la calidad de la vida pública española. Ha llegado el momento del cambio, algo que solo pueden hacer los españoles, cuando sean convocados a las urnas, lo que empieza a ser muy necesario por razones de higiene democrática. Las instituciones no aguantan más, solo unas elecciones y el sentido común de los españoles impedirá este desastre nacional.