
Ventanilla única
Okupas «go the home»
Es una vergüenza que los propietarios no puedan desahuciar a los morosos y tengan que pagarles los recibos
Ser okupa en España es más rentable que ser propietario de una vivienda. Este es un axioma que sólo es posible en nuestro país. No conozco ningún otro lugar del mundo en el que los derechos de un delincuente que está cometiendo un acto ilegal están por encima de quien sí cumple. Okupar una vivienda que no es tuya, que no pagas una renta, que no cuidas, que destruyes, que ni siquiera respetas, no puede adquirir trato de normalidad. Es anormal. Y sí, seguro que hay algunos casos en los que la necesidad, la imposibilidad de lograr una vivienda digna, una situación económica precaria o cualquier situación límite te puede llevar a okupar una vivienda para que tu familia no se quede en la calle. Compramos barco como animal acuático.
Pero lo digo alto y alto, sin importarme lo que el buenismo de izquierdas quiera vender como fachosfera, ultra, fascista, rico de mierda o términos similares: es una vergüenza que los propietarios, que en su inmensa mayoría son pequeños tenedores que necesitan los ingresos de un alquiler para llegar a fin de mes, no puedan desahuciar a los morosos y tengan que pagarles los recibos de agua, gas y electricidad sin rechistar porque encima tienen un problema y quien acaba con una sentencia inculpatoria son ellos, las víctimas. En qué cabeza cabe. Sólo en la de unos políticos que retuercen la Ley en contra de los ciudadanos que la cumplen.
La situación es aún más flagrante cuando los okupas son delincuentes, una situación cada vez más frecuente, porque acaban con la convivencia vecinal y provocan situaciones de miedo que la Policía se ve incapaz de atajar porque tienen las manos atadas. Las mafias ya han puesto sus ojos en un lucrativo negocio en el que das una patada en la puerta y sin hipotecas ni sacrificios tienes una vivienda a disposición para alquilar fraudulentamente o incluso venderla y sacar un beneficio limpio -es un decir- de polvo y paja. Imagínese que es extranjero y llega a España y le cuentan que puede dar una patada a una puerta y tener una vivienda durante meses o años sin que le pase nada. Una locura verdad. Pues en España, pasa.
Y si ya nos ponemos exquisitos, qué decir de la presión confiscatoria que la Administración ejerce sobre los ciudadanos que tienen la «mala suerte» de recibir una herencia en algunas comunidades comandadas por gobiernos de izquierdas. Lo que reciban será una mínima parte de lo que unos padres, abuelos o familiares le hayan querido dejar después de una vida de esfuerzos y sacrificios. No en vano, el número de personas obligadas a renunciar a una herencia se ha disparado exponencialmente en los últimos años. Algunas estadísticas hablan ya de que un centenar tiene que renunciar cada día a los bienes que les legan porque son incapaces de afrontar los impuestos y obligaciones que les imponen. Puede que haya un porcentaje entre los que la renuncia sea justificada porque no pueden asumir las deudas que les deja el finado, pero es un tanto por ciento muy pequeño y que no representa a la mayoría, forzada a entregar lo heredado al Estado, que se frota las manos y se queda con unos bienes para su propio disfrute.
Por favor, de una vez por todas dejémonos de buenismos mal interpretados, dejen de lado el qué dirán, el «y si...», el «no sea que...», obvien el «bienquedismo» y legislen de verdad para la mayoría, esa que en cada una de las elecciones votan con esperanza.
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