Un drama cívico

Podemos rozar, a veces, lo cursi quienes mantenemos la defensa a ultranza de la sede de la soberanía popular: de su forma y de su fondo. Dice el artículo 66 de la Constitución que las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Asegura, además, que son inviolables. Y en tan pocas palabras resume siglos de avances y civilizaciones, condensa la esencia de la democracia. Resulta evidente, entonces, que la Cámara Baja es mucho más que un edificio oficial, es un símbolo, un emblema que nos pertenece a todos y que, por tanto, por todos debe ser respetado. Las concentraciones que surgieron en el magma del 15-M ya lo convirtieron en diana de protestas y se abrió un amplio y profundo debate sobre la pertinencia o no de aproximar el legítimo derecho de manifestación a la Carrera de San Jerónimo. Es una imagen habitual ver ante sus puertas y frente a sus columnas y leones a distintos colectivos que traen desde todos los puntos de España sus quejas y reivindicaciones. Lógico y lícito: es el foro donde se legisla. Pero entre la protesta y el desacato media, en ocasiones, una sutil divergencia.

Hace pocos días un grupo de científicos arrojó pintura roja sobre la fachada del Congreso para exigir medidas que frenen el cambio climático. Y esa imagen, como de sangre derramada en la escalinata, que quedó en una mera anécdota y que no desencadenó mayores consecuencias, sí ahonda en el desprestigio de la institución y en la confusión que mezcla la política con lo que no es más que espectáculo. Mientras la performance se desarrollaba en el exterior, dentro, en el Hemiciclo y sin el más mínimo decoro, un parlamentario de Vox arremetía contra otros representantes en ese recurrente y odioso vicio de la comparación con Hitler y Goebbels (ahí es nada). Entre las pintadas y los exabruptos, el Congreso se nos deslizó hacia una alegoría burda y grosera de Atapuerca. Me van a permitir que me parezca un drama cívico.