Bilingüismo

En medio de la descomposición del Gobierno, teledirigida por los socios y los aliados del PSOE, destaca alguna buena noticia. Un ejemplo es la orden cursada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Consejería de Educación de la Generalidad para que ejecute en un máximo de quince días la sentencia del pasado 16 de diciembre, que obliga a impartir al menos un 25 por ciento de las horas lectivas en español. Así como la sentencia ha tropezado con toda clase de dificultades, también las encontrará esta orden, cursada a instancias de la AEB (Asamblea por una Escuela Bilingüe), con el apoyo de 1.643 madres, padres, tutores o estudiantes mayores de edad, socios de la AEB. La orden ha tenido que superar una última barrera, según la cual estos ciudadanos no estaban legitimados para cursar la petición al TSJC, por mucho que estén obligados a someterse a las decisiones de la Generalidad.

Ahora la situación ha quedado clara. Un movimiento que las autoridades nacionalistas tildaban de minoritario no lo era tanto y ha logrado una fuerza propia. Sobre todo, ha conseguido que los tribunales fallen en pro de lo que es justo. Y de lo que también es de sentido común, porque lo es que la enseñanza en Cataluña se imparta en cualquiera de las dos lenguas oficiales y propias de la Comunidad, como son el catalán y el español. El límite del 25 por ciento indica lo lejos que estamos aún de que ese sentido común se decline en plenitud. Venimos de un diseño institucional según el cual hay regiones que tienen una lengua «propia» más propia que el español, secundaria precisamente por ser común a todos, extranjera por tanto. Así es como se ha hecho de la lengua una palanca política para conseguir ventajas y acabar con aquello que todos compartimos.

Sea lo que sea, el paso es gigantesco. Y aunque se redujera a lo simbólico –que no es el caso– resultaría crucial: los nacionalistas han convertido la lengua en un símbolo político, y siempre han dado a los símbolos la importancia que tienen, a diferencia de las fuerzas políticas nacionales, que los han despreciado y han preferido atenerse a realidades más palpables, por así decirlo. El resultado ha sido el previsible. Por un lado, la lengua es hoy por hoy la clave que distingue al verdadero catalán del que no lo es. Por otro, y como siempre ocurre, quien domina los símbolos domina el resto. Por eso hoy nos encontramos en la peculiar situación de que el gobierno central está rendido a los nacionalismos. Y por eso la sentencia del TSJC tiene también efectos en otro plano. Habrá que ver si el Estado central cumple ahora con su deber y se pone a trabajar en el cumplimiento de la sentencia. El resultado, todos lo sabemos dada la naturaleza de la cuestión lingüística para el nacionalismo, sería un choque frontal entre la Generalidad y el Gobierno central. Con el descrédito programado del CNI, el Gobierno ha demostrado hasta dónde está dispuesto a llegar para congraciarse con los nacionalistas. Hay pocas esperanzas de que cumpla lo que se le exige. Se lo exige la justicia, sin embargo. Y el símbolo del bilingüismo no es menos fuerte que el de la «lengua propia».