Apartheid lingüístico

En los cuatro años que acaba de cumplir Sánchez como presidente del Gobierno su actuación ha socavado principios básicos de nuestra democracia y nuestra nación que nadie antes se había atrevido ni siquiera a insinuar. Ha impulsado una agenda polarizadora y revanchista; ha atacado, cuando no intervenido, instituciones esenciales del Estado; se ha rendido al independentismo y compadreado con Bildu; ha gestionado pésimamente la amenaza para la vida y la economía que ha representado el covid; afronta la actual crisis con una ceguera y un cortoplacismo que son muy preocupantes, y, además, ha anulado a su propio partido, el PSOE, que ha dejado de ser constitucionalista y de progreso para convertirse en una fuerza política regresiva con enormes tics de anti españolismo.

El último episodio en el que se concitan estos elementos está relacionado con la decisión que ha tomado esta semana el Govern de Cataluña para tratar de eludir el cumplimiento de la sentencia que obliga a dedicar un 25 % de la enseñanza en castellano en las aulas. Se trata de una nueva farsa, en la que la desobediencia se enmascara bajo ropajes pseudojurídicos, porque el decreto aprobado no es otra cosa que una instrucción a los centros de enseñanza para que incumplan el fallo judicial. Pese a la gravedad del asunto, no consta que el Ministerio de Educación vaya a recurrir la ilegalidad flagrante de esa norma, y menos aún su inconstitucionalidad, porque ya se sabe que este departamento se siente más cómodo censurando libros de texto de historia y filosofía, incluso de matemáticos, para que cuenten con el debido marchamo de izquierdas. Y mientras el Gobierno de Sánchez prefiere un voto más en las Cortes a un 25 % de cualquier cosa que ordenen los jueces, la Generalitat vuelve a ponerse en una posición de rebeldía frente a los tribunales, frente al Estado, y frente a mandatos constitucionales que tienen una base democrática y amparo legal.

Y lo grave es que no es un asunto más, aunque el bosque de malas decisiones del sanchismo impida muchas veces fijarnos en determinados árboles, porque en esta ocasión estamos ante una cuestión de derechos fundamentales, que afecta a un elemento nuclear, como es la lengua común de todos los españoles. Este episodio revela, ni más ni menos, que estamos ante un auténtico apartheid lingüístico, con el que se niegan derechos básicos a los niños y sus familias, que no pueden elegir, porque lo que existe es una imposición. Algo que va contra todas las leyes que nos hemos dados los españoles para desarrollar el concepto de la cooficialidad, que fue la solución cordial y convivencial adoptada por el constituyente, precisamente para respetar las lenguas singulares de algunas comunidades, aquellas que no eran comunes a todo el territorio nacional, con el claro implícito de que para lograr el objetivo ninguna dejara de ser vehicular ni, en consecuencia, curricular. Algo que choca con el programa de inmersión lingüística que el nacionalismo, con la complicidad del socialismo, viene imponiendo en Cataluña desde hace décadas, como punta de lanza de una tenaz pedagogía antiespañola que ahora se revela en toda su extensión.

Las Administraciones públicas, al igual que cualquier ciudadano, están obligadas a cumplir la Ley. Sin embargo, ni el Govern, con un decreto-ley fraudulento, ni el Gobierno central, desatendiendo su mandato y juramento de hacer cumplir las normas, lo están haciendo. Y todo porque a Sánchez, para quien cuatro años saben a poco, un cuarto de tiempo para el castellano debe parecerle mucho. Resulta patético comprobar como el Gobierno y su presidente abrazan siempre lo peor para España.