Entre Sánchez y Pelosi

Parece una maldición bíblica la sucesión de acontecimientos que venimos padeciendo desde 2020, coincidiendo –«casualmente» con toda la actual legislatura– con el agravante de que, en lugar de cerrar filas ante esas calamidades, que sería lo deseable y lo normal aplicando la máxima de que «no hay mal que por bien no venga», resulta que cada nueva penalidad es ocasión de nuevos y mayores enfrentamientos entre unos y otros, entre el Gobierno y la oposición. No es maniqueísmo afirmar que quien tiene la máxima culpa es el que tiene la mayor responsabilidad, y es una evidencia que el gobierno sanchista es un «oxímoron» en sí mismo considerado, ya que su composición interna y sus aliados parlamentarios son un puzle que impide conseguir los deseables pactos de Estado en esta y cualquier otra circunstancia.

Oxímoron –contradicción en sí misma– es un gobierno mera yuxtaposición de tres facciones en su seno, –la del PSOE, la de UP, y la de Yolanda Díaz– que además responden a proyectos distintos y cada vez más distantes entre sí como es público y notorio. El último episodio que lo reafirma es el actual Real Decreto Ley, sin que al igual que los anteriores, –siendo además necesaria su convalidación en el Congreso–, haya sido dialogado con la oposición. Con el agravante de que los dos estados de alarma con la suspensión de derechos fundamentales a la población, fueron declarados inconstitucionales, el abusivo uso de la fórmula del RDL censurado también por el TC, basta y sobra para demostrar la veracidad de la afirmación. El último decretazo –de momento– es el energético, derivado de la necesidad de regular el uso del gas ante la eventualidad del corte de suministro por parte de Rusia.

Es una obviedad que esta norma debería haber sido negociada y pactada con la oposición y con las autonomías, máxime cuando la distribución competencial de un Estado compuesto como el nuestro lo hace necesario. La respuesta de las CC. AA. son de todo tipo, incluyendo al gobierno vasco con el PNV aliado prioritario del Gobierno, cuyo lehendakari ha criticado la carencia de diálogo. La CAM, con Ayuso al frente, ha mostrado su rotunda contrariedad ante las medidas impuestas y Castilla y León estudia la posibilidad de recurrirla ante el TC. Recordemos que Sánchez –con sus escasos 84diputados– fue investido presidente por una moción de censura necesaria para preservar «la calidad de nuestra democracia amenazada por la corrupción del PP», prometiendo «diálogo y transparencia». Ahora no dialoga ni con la oposición ni con sus propios socios y aliados. En cuanto a la corrupción… mejor lo dejamos por hoy. Bastante tenemos con Pelosi.