Referendums fraudulentos

Recientemente se han celebrado referendums en las provincias ucranianas de Lugansk, Donest, Jersón y Zaporiyia en los que, según los organizadores, se pretendía consultar a la población sobre la voluntad de integrarse en la Federación Rusa. Han sido las autoridades rusas o prorrusas, impuestas o aceptadas por el ejército invasor, quienes han organizado los supuestos referendos. Estos han arrojado el resultado previsto, es decir, un amplio apoyo a la anexión rusa de dichas provincias ucranianas. Tan solo dos días después la Duma aprobó la anexión y, al día siguiente Putin lo anunció públicamente. La anexión rusa de las provincias ucranianas, en base a esos supuestos referendos, carece de la más mínima legitimación y, en consecuencia, es nula de pleno derecho y sin efecto jurídico alguno. La historia se repite, y como ya ocurrió con el también fraudulento referéndum de Crimea en 2014, los recientes referendos han sido la coartada rusa para anexionarse las citadas provincias, en un acto contrario al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Pretender otorgarle contenido democrático a lo que ha sido un simple acto de fuerza, desprovisto de toda razón, es un despropósito jurídico y político.

Resulta preocupante que la ilegal anexión rusa de las mencionadas provincias ucranianas, pueda tener la consecuencia de extender a esos territorios su doctrina sobre el uso de armas de destrucción masiva en caso de peligro para su integridad territorial (ampliada en base a los supuestos referendos). Putin ha declarado, refiriéndose a las provincias anexionadas: «Defenderemos nuestra tierra con todas las fuerzas». Por ello, es necesario insistir en la ilegalidad, ilegitimad e inmoralidad, en definitiva, en el carácter fraudulento de los referendos del este y sur de Ucrania.

Ni por aproximación, esos supuestos referendos, superan los estándares democráticos generalmente aceptados por la comunidad internacional, ya que se convocaron, se organizaron, se celebraron y se escrutaron por las autoridades rusas invasoras en un país extranjero, libre y soberano; contra la voluntad de su legítimo gobierno, violando la Constitución ucraniana, sin las más mínimas garantías, sin libertad de voto, sin listas electorales oficiales, sin campaña electoral libre, sin libertad de prensa, ni de información, ni de expresión, sin supervisión neutral, sin observadores internacionales y, desde luego, con un resultado nada creíble tras efectuarse el recuento por los mismos ilegítimos convocantes. Se han publicado noticias sobre algunos detalles de las jornadas de votación que por su extrema gravedad, invalidarían de raíz una consulta llevada a cabo en esas circunstancias. En cualquier país civilizado produciría sonrojo y escándalo un referéndum como los del este y sur de Ucrania. Pero Rusia se encuentra muy lejos de poder ser considerada un Estado de Derecho,

Debemos recordar la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llamada Integridad territorial de Ucrania, en respuesta al referéndum de Crimea. Dicha Resolución fue aprobada por una amplia mayoría de países miembros, y en ella consta el compromiso de la ONU de seguir reconociendo a Crimea como parte de Ucrania, rechazando el referéndum celebrado el 16 de marzo de 2014, organizado por las autoridades rusas invasoras, como ahora. La citada Resolución condenó el referéndum de Crimea por cuestiones que se han vuelto a reproducir en los recientes, fundamentalmente porque no se contó con la autorización del gobierno legítimo de Ucrania y, por ello, ni tiene validez ni puede servir de base para modificar el estatus de Crimea, y coherentemente, tampoco la de los territorios del este y sur de Ucrania. Consecuentemente, el pasado día 12, la misma Asamblea General condenó por amplia mayoría la anexión rusa de las cuatro regiones ucranianas, instando a Rusia a revocar su decisión.

Por su parte, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (la llamada Comisión de Venecia) tiene aprobado un Código de Buenas Prácticas sobre Referendos, que establece los principios y garantías que deben cumplir los referendos en Europa. Resulta evidente que los llevados a cabo en las provincias ucranianas incumplen completamente el Código de la Comisión de Venecia.

Esta manera de actuar rusa nos puede sugerir que las diferencias entre Europa, o incluso Occidente, y la Rusia de Putin, no es una mera cuestión de normas o reglas jurídicas más o menos exigentes o garantistas, sino que, es una cuestión de mucho mayor calado. Se observa una enorme diferencia en los principios, valores y códigos de conducta que rigen en Occidente y en Rusia. Poch de Feliu, en su libro Entender la Rusia de Putin señala, cuando analiza las raíces de la autocracia rusa, «Qué si no la arbitrariedad podría presidir la relación social [para] rellenar el vacío que el derecho de clase ocupaba en Occidente», y concluía, «No es de extrañar, pues, que en Rusia el Derecho no tuviera un gran terreno».

Se entiende pues que Pío Baroja escribiera en La decadencia de la cortesía. «Rusia ha sido un país de siervos. Les queda el espíritu del humilde y del tirano. Se dice en Rusia que el material de humanidad no les interesa». En efecto, las atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania y la falta de respeto a los principios más elementales en los referendos, certifican la rabiosa actualidad del certero comentario de Don Pío: «Al espíritu del tirano, patente en la Rusia de Putin, no le interesa lo más mínimo el “material de humanidad”».