Ilegal anexión de Crimea

El acuerdo de la Duma –Parlamento ruso– por el que autoriza a reconocer la independencia de las regiones separatistas ucranianas del Donbass, aunque Putin lo haya rechazado, nos sugiere que en algún momento puede suceder en dichas regiones lo que ocurrió en Crimea en 2014. Donbass es la región minera de Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania, con fuerte presencia de rusos y sobre las que Rusia mantiene una indisimulada reivindicación. El reconocimiento de la independencia de dichas regiones podría ser el paso previo a una futura anexión a la Federación Rusa, tal y como sucedió en Crimea.

En las actuales circunstancias, parece oportuno recordar las razones por las que la anexión rusa de Crimea fue ilegal y contraria al derecho internacional, de la misma manera que el supuesto referéndum de autodeterminación de Crimea de marzo de 2014, fue un fraude de enormes proporciones.

Tras la huida del expresidente ucraniano prorruso Yanukóvich, el 22 de febrero de 2014, como consecuencia de las protestas en la plaza de Maidan, elementos armados, perfectamente adiestrados y organizados que fueron identificados como tropas uniformadas rusas, aunque sin divisas ni distintivos, usando Kalashnikov de última generación y otro material de guerra inequívocamente ruso, ocuparon objetivos estratégicos de Crimea, incluidos el Parlamento, puertos, aeropuertos, radio y televisión, sin que el gobierno de Kiev pudiera responder a lo que se calificó como una agresión rusa y un atentado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Días más tarde, el 6 de marzo, el Parlamento de Crimea aprobó una resolución por la que declaraba su intención de entrar a formar parte de la Federación Rusa. Dicha resolución contemplaba la celebración de un referéndum, ofreciendo dos opciones: 1) entrar en la Federación Rusa como un sujeto federado más, o 2) volver a la Constitución de 1992, permaneciendo en Ucrania. Esta segunda opción no era muy distinta de la primera, ya que la Constitución de 1992 permitía la autodeterminación de Crimea y, de esta manera, se garantizaban el derecho a separarse de Ucrania en un futuro próximo. Sorprendía que no se ofreciera la posibilidad de permanecer en Ucrania en las mismas condiciones en las que se encontraban. En definitiva, solo se ofrecía la independencia: presente o futura.

El 11 de marzo, sin esperar a celebrarse el referéndum, el Parlamento de Crimea aprobó una declaración unilateral de independencia, reiterando su deseo de unirse a la Federación Rusa. El referéndum se celebró cinco días después, el 16 de marzo, publicándose una participación del 85% y un voto favorable a la unión con Rusia del 96,6 %. A esta operación difícilmente puede reconocérsele la conformidad con los estándares democráticos generalmente aceptados, ya que se convocó, organizó, celebró y se publicaron los resultados bajo la ocupación militar rusa; fue organizado por los independentistas prorrusos, sin garantía alguna; sin listas electorales oficiales; sin campaña electoral libre; sin libertad de prensa; sin supervisión neutral; sin observadores internacionales; sin verdaderas alternativas, y desde luego, con un resultado poco o nada creíble. Cierto que en aquellas fechas la población rusa en Crimea era del 60%, pero las minorías ucranianas y tártaras equivalentes al 40% defendieron la abstención, porque ninguna de las dos alternativas eran de su agrado. Ambas minorías optaban por seguir en Ucrania bajo la legalidad vigente. En esas circunstancias, el resultado del psudoreferéndum no resulta en absoluto creíble.

Con independencia de lo anterior, la Constitución de Ucrania de 2004 no permitía los referéndums territoriales en los ámbitos regionales (art 73), exigiéndose que dichas consultas lo fueran de todos los ucranianos, regulándose por leyes ucranianas y no regionales (art 92), sin que las leyes de Crimea pudieran entrar en contradicción con la Constitución y leyes ucranianas (art 135.2), y autorizando a la República Autónoma de Crimea a organizar y celebrar solo referéndums locales (art 138). Quedaba meridianamente claro que el parlamento de Crimea se había excedido en sus competencias, de manera que no solo era ilegal el referéndum desde un punto de vista formal, sino también material, porque en ambas alternativas propuestas se violaba la Constitución ucraniana, que en cuyo artículo 2, disponía que la «soberanía de Ucrania se extiende a todo su territorio. Ucrania es un Estado unitario. El territorio de Ucrania en el marco de sus fronteras existentes es íntegro e indivisible».

En el ámbito del derecho internacional la cosa no varía, ya que la Carta de las Naciones Unidas recoge el principio básico de Derecho Internacional, que impone a los Estados la obligación de abstenerse «de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado» (art. 2.4); o el Memorándum de Budapest, por el que EE.UU., la Federación Rusa y Reino Unido garantizaban la integridad territorial de Ucrania, a cambio de la adhesión de este país al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y por el que se deshacía de su arsenal nuclear; o el Acuerdo de Cooperación y Buena Vecindad entre Ucrania y Rusia de 1997, que establece, entre otras cosas, el respeto de la soberanía e integridad territorial de ambos países.

Todas estas normas jurídicas nacionales e internacionales volaron por los aires con la acción de Putin al incorporar Crimea a Rusia. ¿Cuál será la próxima?

Tomás Torres Peral. Comandante de Caballería. De la Academia de las Ciencias y Artes Militares.