La callada por respuesta ante el exceso de muertes

El pasado año, cuando todo el mundo daba ya por hecho que lo peor de la pandemia de Covid-19 había pasado, en España murieron cerca de 34.000 personas más de lo que podría ser previsible. Ahí es nada. El cálculo no procede de ningún epidemiólogo sesudo de derechas, crítico con el Gobierno, ni de alguna organización irritada con la mala gestión de esta grave crisis de Salud Pública, que las hay, y más de las que parece. Emana del sistema de monitorización de la mortalidad que realiza el Instituto de Salud Carlos III, un organismo oficial que no se encuentra bajo sospecha, y desnuda de un plumazo y a la perfección las miserias de un sistema sanitario que se cae a pedazos mientras el Gobierno ensalza su «resiliencia», una de esas palabras huecas que con tanta prodigalidad le gusta emplear, emulando el neolenguaje recogido por George Orwell en la magnífica y premonitoria obra «1984».

¿A qué se debe este exceso de fallecimientos, que también ha sacudido a otros países de Europa y no solo al nuestro? ¿A posibles efectos adversos derivados de la inmunización sistemática contra el coronavirus, como afirman los cansinos antivacunas y los defensores de la manida teoría de la conspiración? ¿A algún componente extraño que han colocado en ellas las pérfidas farmacéuticas o el mismísimo Bill Gates desde su sede de Seattle? ¿Al cacareado cambio climático que intensifica el calor en verano y el frío en invierno, y que con tanto ahínco trata de poner de moda una izquierda a la que el clima nunca le importó gran cosa, como demuestra el fracaso de sus planes para impulsar los vehículos eléctricos? ¿Puede ser acaso la causa una población cada vez más envejecida y, por tanto, susceptible de sucumbir a todo tipo de enfermedades por el deteriorado estado de su sistema inmunológico? ¿Se debe acaso a los virus sincitiales, la gripe y otros patógenos que apenas mostraron su feroz rostro durante el estallido de la Covid-19 y que han aprovechado para desquitarse tras dos años de silencio, como demuestra su impacto en los menores durante 2022? ¿Responde quizás a los efectos colaterales que provocó esta enfermedad en la Sanidad pública, obligando a los hospitales de todo el país –no solo a los de Madrid– a retrasar consultas externas con los especialistas, la petición de pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas programadas pero aparentemente no urgentes?

Aunque cabe atribuir a todos estos factores y posiblemente a algún otro ese abultado número de muertes de más, no pueden hacerse todavía más que cábalas y conjeturas. A estas alturas, ninguna autoridad científica o sanitaria del Gobierno ha sido capaz de ofrecer justificación alguna que explique este sinsentido. Ni en comparecencias públicas, ni en sede parlamentaria ni en foros en los que el tema debería acaparar los debates como el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el máximo órgano de coordinación Sanitaria autonómica del conjunto del Estado. Se trata de un justo corolario a un errático manejo de la pandemia que, tres años después, todavía no se ha evaluado por experto independiente alguno. Y no es baladí. Sin explicaciones no habrá medidas para corregir un exceso que apunta como principal responsable a un deterioro sanitario de la misma magnitud que muestran las cifras récord de listas de espera. Oncólogos y cardiólogos dan ya fe de la eclosión de cánceres, infartos e ictus que emergen tras la pandemia, y la culpa, en parte, es la detección tardía.