Erosión institucional, ética, moral y social

Las Cortes de Cádiz dan nombre a las integradas por representantes españoles «de ambos hemisferios» que, reunidos en el oratorio de san Felipe Neri de la bella ciudad gaditana, dieron a luz a la Constitución conocida por los liberales como «La Pepa» por haber sido promulgada el 19 de marzo del año 1812, festividad de san José. Su grito de «¡Viva la Pepa!» expresaba su adhesión a la primera Carta Magna de nuestra Historia, vigente durante poco más que el lapso de tiempo del llamado Trienio Liberal (1820-1823), que acabó con la llegada de los «Cien mil hijos de San Luis» que, por cierto, fueron recibidos con entusiasmo por la población, y que restauró la monarquía absoluta de Fernando VII. Le siguió la «década ominosa», bautizada también así por los liberales, que terminó con el fallecimiento del rey en 1833.

Ayer, en un acto lleno de simbolismo celebrado en ese histórico oratorio, Feijóo firmó un contrato público con los españoles en el horizonte de las próximas elecciones. La inclusión de la propuesta de dejar gobernar a la fuerza política más votada en las diversas instituciones ha recibido ya la respuesta previsible por parte de unos y otros. Lo cierto es que la Ley Electoral vigente debe ser repensada vistos –junto a sus indudables logros– sus frutos indeseados en la perspectiva de sus 46 años de vigencia. Y ello en paralelo a la reformulación del Senado para cumplir como auténtica Cámara de representación territorial de nuestro Estado compuesto. El compromiso público asumido por Feijóo para ser cumplido en los primeros 100 días de su llegada al Gobierno, es muy de agradecer y necesario, vista la experiencia del incumplimiento de compromisos electorales de los diferentes Ejecutivos, que ha llegado al clímax con el sanchismo, convertido en un auténtico símbolo del engaño al respecto. Las propuestas de Feijóo para regenerar nuestra democracia y «acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad» son una buena tarjeta de presentación al electorado. Es oportuno recordar que Sánchez defendió su moción de censura con el argumento de la inexcusable necesidad de regeneración democrática y de mejora de su calidad mediante la transparencia y el respeto a la división de poderes y a la independencia judicial. Leído o escuchado hoy, tras casi cinco años de sanchismo, suena a un sarcasmo inimaginable. Pero no se olvide que junto a esa erosión institucional, hay otra erosión ética, moral y social, fruto de sus leyes ideológicas en relación a la vida, la familia y la educación, que también requieren de cirugía legislativa mayor. Y no menos urgente que la institucional.