El actual TC y el final de Montesquieu

Lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional desde que finalmente Sánchez consiguió «salirse con la suya» y controlarlo, ha superado ya las peores previsiones. Lo dice todo que en apenas tres meses hayan constitucionalizado leyes como la de educación de Celaá con aspectos tan polémicos –entre otros– como el relativo a los conciertos de los colegios de «educación diferenciada» entre chicos y chicas, aludiendo a la «segregación» como si estuviéramos en la Alabama de los años 60 del siglo pasado. Como una apisonadora política, imponiendo un 7-4 con una plaza sin cubrir que corresponde designar al Senado a propuesta del PP, el presidente Conde Pumpido ha hecho lo mismo con la ley de eutanasia, creando un derecho de autodeterminación personal que no existe en la Constitución, y por cierto tampoco para Cataluña, el País Vasco, ni Madrid. Su última gesta ha sido con la ley del aborto de Bibiana Aído de 2010, que durante 13 años ha dormido el sueño del Tribunal sin resolver el recurso del PP presentado aquel año –cuando el bloque conservador disponía de clara mayoría– y que ahora ya con mayoría sanchista está resuelto en tiempo récord al gusto del «progresista» Gobierno. No es una cuestión menor que el Tribunal haya creado un inexistente derecho «fundamental» al aborto, ya que el hacerlo no es competencia suya, sino del constituyente. De principio a fin ha quedado constitucionalizada una ley que llevaba 13 años sin resolver por un Tribunal que entre sus miembros tiene de presidente al Fiscal General nombrado por el Gobierno que promovió esa ley, y de magistrado a un ministro, nada menos que de Justicia, cuyas recusaciones no han sido aceptadas ni siquiera por ellos mismos.

Hasta ahora el máximo garante de que nuestro ordenamiento jurídico legal no desbordara los límites de la Carta Magna, guardaba las formas por la independencia del Poder Ejecutivo, pero ahora esa confianza se ha volatilizado, accediendo a él nuevos miembros como magistrados «per saltum» desde La Moncloa. La Constitución «del consenso y la concordia» de 1978 se interpreta ahora con total radicalidad ideológica por un Tribunal a la orden del Gobierno. En la actual partitocracia, la división de poderes ya casi inexistente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y muy condicionada por el Judicial, cuando menos tenía en el TC una garantía última aparente de imparcialidad. El sanchismo la ha liquidado, y solo queda el CGPJ para no hablar de un poder único y absoluto, aunque ya está muy amenazado.

Sí, parece que hemos matado a Montesquieu.