En las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo, casi tres millones de españoles dejaron el campo para establecerse en la ciudad, principalmente, en las grandes capitales de Madrid, Barcelona y Bilbao. Como consecuencia inevitable, floreció el chabolismo periurbano y el régimen decidió actuar mediante la promoción de vivienda social, edificando cuatro millones de pisos entre 1961 y 1975, aparte de las casas que, por diversas iniciativas empresariales, como la madrileña Ciudad Pegaso, se hicieron un poco por todo el territorio. Como resumen, entre 1961 y 1980, el parque de viviendas pasó de 7,7 millones a 14,7 millones, según los datos compilados por el historiador Luis E. Togores. El éxito estribó en la rapidez con la que se llevaban a cabo los proyectos. Por ejemplo, como contaba hace unos días Berta G. de la Vega, en 1963 la Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de Hortaleza, de 1.500 viviendas, se levantó en poco menos de un año y al arquitecto, por si hubiera dudas, Fernando Higueras, le dieron un premio internacional de arquitectura en 1968, con Le Corbusier en el jurado. Recordar estas cosas dicen que es hacer apología del franquismo, que ya se ha encargado la izquierda de ir quitando las placas del yugo y las flechas que recordaban que aquellos bloques de pisos habían sido construidos bajo alguna figura de protección oficial, pero, en mi modesta opinión, de lo que se trata es de explicar a las jóvenes generaciones, las que penan lo que no está escrito para acceder a un piso moderadamente asequible, que se puede afrontar el problema. Que no es una maldición bíblica la que nos ha caído en España, sino la consecuencia directa, por una parte, del fenómeno migratorio, con 3 millones de extranjeros llegados a nuestro país en 15 años, y, por otra, de la precarización del mercado de trabajo, cada vez más acusada a medida que cumple años en La Moncloa nuestro señorito jefe. Porque la ideología no es inocua y unos gobernantes que consideran especulatorio e inmoral cualquier negocio inmobiliario, que opinan que son los caseros, y no el Estado, los que deben asumir la responsabilidad constitucional de la vivienda y que no tienen el menor empacho en tirar de los tribunales para paralizar desde una ecología delirante los grandes proyectos de construcción, para lo único que valen es para la propaganda. Cuando una promoción de viviendas puede tardar en salir adelante 20 o 30 años, como la «operación Campamento», en la que todavía no se ha abierto ni una zanja de cimentación, no es cuestión de echarle las culpas a los malvados especuladores, sino de preguntarse qué hemos hecho para merecer esto. Porque, como explicaba clarito, clarito, el informe de Cáritas sobre la creciente exclusión social en España, en un proceso que está aniquilando a la clase media, el alquiler se ha convertido en una trampa que lleva al 45 por ciento de los inquilinos, con sueldos cada vez más ajustados en trabajos cada vez más precarios, diga la señora Díaz lo que diga, a entrar en riesgo de exclusión. Pero nuestros linces de la izquierda, los del gobierno más progresista de la historia, siguen operando con políticas sobre la demanda y no estimulando la oferta, error de libro que, como siempre, pagan los de abajo, a quienes no se ofrece más futuro que cobrar la renta mínima de inclusión. Todo un logro, señorito.