Bildu, los talibanes y «pasos de bebé»

Hace un mes la secretaria general adjunta de la ONU, Amina Mohammed, se felicitaba por los «pasos de bebé» que se daban hacia el reconocimiento internacional del Gobierno «de facto» afgano. El escándalo no tardó en eclosionar. La aceptación del régimen talibán, transigir con un sistema que cercena y castra de manera sistemática los derechos de las mujeres, ofende al alma civilizada del mundo. Tan inconcebible y desgarrador resultó que la matización no se hizo esperar: la ONU aclaró que no se reconocerá a los talibanes, pero sí añadió que mantendrá abierta una vía de comunicación para no abandonar a los más vulnerables de aquel país. Un argumento discutible cuando, en realidad, las más vulnerables son las afganas, que no pueden acceder a la sanidad ni a la educación y que sufren las consecuencias del ostracismo vital al que son condenadas.

No es cuestión, en absoluto, de establecer paralelismos demasiado osados o de riesgos funambulistas, pero este conformarse con el mal menor que plantea la comunidad internacional (aunque sea al modo estoico de esperar un bien superior) se ha colado en la campaña del 28-M en forma de candidatos de Bildu. La inclusión de 44 condenados por terrorismo, al menos siete por delitos de sangre, en sus listas a ayuntamientos y comunidades nos aboca a un debate ineludible para mantener una conversación pública rigurosa y honesta. ¿Cómo afrontar la inquietud que genera en la sociedad la entrada en las instituciones de quienes han infligido tanto dolor? El dilema ético es de tal profundidad colectiva y de tanto calado que excede el mero debate electoral y su fecha de caducidad de apenas dos semanas, aunque alarmen (y tengan que ser remarcados) determinados clamorosos silencios políticos.

Impresionan también ciertos argumentos, esgrimidos por algunos, que insisten en lo virtuoso de defender las ideas en foros y no con armas. Pero es falaz y tramposo por simplista y evidente. Además de que no alcanza a recubrir con el barniz de normalidad un hecho que, por su propia esencia, de impacto y sufrimiento en un trauma colectivo sostenido en el tiempo, no es inocuo ni puede serlo. Que lo que parecerían insignificantes «pasos de bebé» son, más bien, pasos atrás. Aun asumiendo y compartiendo que los ciudadanos que saldan sus deudas penales recuperan sus plenos derechos, una sociedad democrática tiene plena fortaleza civil para exigir un plus y plantear otros estándares. Porque ¿hay un límite temporal para dar por terminada la responsabilidad moral?