Las cesiones a Junts y la degradación de España

Es normal que la política y los políticos se vean como algo alejado de la realidad. No ayuda a cambiar esta percepción lo sucedido esta semana en el Congreso, porque fue un espectáculo muy poco edificante. La artificiosa satisfacción de Sánchez, tras el resultado de la votación de los decretos ley, es una de esas imposturas que caracterizan a cualquier populista. Es difícil explicar que la aprobación de unos textos legales cueste entregar la inmigración, aunque el sanchismo intenta introducir oscuridad en el tema, así como otros siete puntos que confirman el nivel de degradación institucional que ha alcanzado el Gobierno. El Boletín Informativo de Junts clarifica los compromisos alcanzados por Sánchez a cambio, simplemente, de una abstención. Ni siquiera es un pacto de legislatura. Con respecto a la inmigración, el compromiso es muy claro, ya que es la «delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, acompañada de recursos».

Entiendo que La Moncloa nos intente confundir con sus cortinas de humo y que la izquierda mediática aplauda las ocurrencias de Sánchez como si fuera un gran estadista, pero la demoledora realidad está en ese párrafo. No habla de algo parcial, sino que es la delegación integral. Por tanto, serán los independentistas catalanes los que decidan sobre esta materia. Con ello, se pone punto final a la igualdad entre las autonomías. En Cataluña entrarán los inmigrantes que quiera el gobierno catalán mientras que el resto de las autonomías tendrán que tragar con lo que más convenga a los independentistas. Es bueno recordar la raíz racista y supremacista del nacionalismo catalán frente a los charnegos de más allá del Ebro. Es verdad que algunos están ahora en ERC y Junts, porque siempre es útil contar con esos fieles conversos para que ejerzan de martillo de herejes en el Congreso o el Senado. Por supuesto, los recursos que acompañarán la utilización del artículo 150.2 CE serán muy cuantiosos. Los líderes autonómicos del PSOE serán una colección de paniaguados si aceptan, como harán, está arrolladora victoria de Puigdemont.

La deriva destructiva que ha generado Sánchez para permanecer en La Moncloa suma día tras día nuevos hitos. La abstención ha sido a cambio de «la publicación inmediata de las balanzas fiscales». Por supuesto, con la metodología que más convenga a Puigdemont y que se utilizará en contra del resto de España. Uno de los aspectos que caracterizan al sanchismo es el odio profundo a Ayuso y Madrid. Por tanto, el objetivo es atacar, asediar y destruir a esta comunidad en tanto sea un feudo del PP. Las balanzas fiscales es un tema muy viejo, porque llevan años reivindicándolo para acabar con la solidaridad interregional. Lo que le interesa al nacionalismo catalán, donde coinciden Junts, ERC y PSC, es mantener un mercado cautivo para la burguesía, controlar las empresas públicas y debilitar al Estado en Cataluña.

Como Puigdemont es un cobarde, que es algo que ha acreditado en su trayectoria política, exigió «el blindaje de la amnistía con la supresión del articulo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil (que ponía en riesgo la aplicación de la amnistía)». Una vez más hay que acudir a la fuente de Junts. Entre las exigencias incluyeron que «el aceite pasará a ser un alimento esencial con un IVA del 0%». Cataluña produce aceite y algún amiguete de los independentistas tendrá un interés especial, ya que podrían haber incluido otros productos. Es posible que a Míriam Nogueras se le ocurriera la idea haciendo la compra en el supermercado. La quinta cesión es chantaje puro y duro, ya que se reformará «la ley de Sociedades de capital mediante el Consejo de Ministros para revertir el RD del PP de 2017 y que las empresas puedan regresar a Cataluña». Les importa un pepino el ordenamiento constitucional, aunque para eso cuentan con la ayuda de Conde-Pumpido, o el europeo.

Otro punto es que «se multiplicarán por 5 los dineros previstos para la digitalización de la administración de Justicia (pasan de 1,2 a 6,2 millones)». Una buena oportunidad para que algún amigo de la causa se lleve una pasta. Hay que reconocer que nunca se equivocan en la gestión de chollos, chanchullos y otras sinecuras que son gratas para el «sector negocios». El Estado asumirá, es decir el resto de los españoles, «la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público». Esta realidad es a la que nos tendremos que acostumbrar para que Sánchez siga en La Moncloa, pase las vacaciones en Doñana y utilice los Falcon y los helicópteros como si fuera uno de los hombres más ricos del mundo. Desde luego, no podría vivir a este ritmo propio de un Agnelli o un Gates, si fuera presidente de la Comisión Europea.

La última cesión de Sánchez es los «derechos históricos en materia de régimen local: se reconoce la singularidad de Cataluña en su organización institucional». No entiendo muy bien, a pesar de que he explicado esta materia en clase, qué singularidades pretenden reconocer en este ámbito y cuál sería su efecto jurídico. ¿En qué somos diferentes a otros reinos hispanos? ¿se refieren al modelo de ciudades de la Hispania Romana o prerromana? ¿las del reino godo de Toledo? ¿las de los condados catalanes? A lo mejor tenemos suerte y asumen que su soberano legítimo y señor natural no es Puigdemont o Junqueras, sino el conde de Barcelona. Por tanto, le tendrán que jurar lealtad, como buenos vasallos, al descendiente por línea ininterrumpida de Wilfredo el Velloso. Es decir, Felipe VI.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)