Conde-Pumpido cumple un año al frente del TC a la espera de los recursos contra la amnistía

Aborto, eutanasia, Ley Trans, reforma del Consejo General del Poder Judicial en funciones, "decretazos" del Gobierno de Pedro Sánchez, «Ley Celaá», impuesto a las grandes fortunas, las polémicas fórmulas de acatamiento de la Constitución de los diputados independentistas.... Todas estas espinosas cuestiones, recurridas en su día ante el Tribunal Constitucional (TC), han recibido el aval de la institución en el último año, el primero bajo la presidencia del ex fiscal general Cándido Conde-Pumpido (La Coruña, 1949). El exmagistrado del Tribunal Supremo acaba de cumplir 365 días al frente del tribunal de garantías. Un 11 de enero de 2023, una apretada votación le aupaba a la presidencia del TC en detrimento de la también magistrada progresista María Luisa Balaguer. El fiscal general con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero accedía al cargo con un sólido bagaje jurídico a sus espaldas (en 1995 ya era magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo) y después de seis años en la institución. Pero, también, entre críticas e indisimulados recelos de la oposición y con una frase a la estela, aquella en la que asumía la imposibilidad de que «las togas de los fiscales» puedan eludir «el contacto con el polvo del camino».

Conde-Pumpido se estrenó con el compromiso de desatascar los asuntos pendientes con más telarañas en el baúl del Constitucional –con la reforma del aborto, precisamente bajo el Gobierno de Zapatero, como principal baldón, trece años esperando una sentencia– y anunciando un plan de choque para reducir la catarata de recursos de amparo que maniatan el trabajo diario del tribunal. De ahí que desde el TC se ponga en valor la resolución de los ocho asuntos con más antigüedad en el tribunal, las 190 sentencias de 2023 (frente a las 151 del año anterior) o los 690 autos (que en 2022 se quedaron en 151). Y en ese balance el tribunal pondere también los 11.503 pronunciamientos sobre recursos de amparo (el TC ha tenido que hacer frente en 2023 a casi 15.000).

División del tribunal en los temas de calado

A favor, el nuevo presidente contaba con la recién estrenada mayoría progresista en el TC –tras la elección por el Gobierno del exministro Juan Carlos Campo y de la que fuera alto cargo en Moncloa Laura Díez–, lo que permitía a la institución una velocidad de crucero en la resolución de asuntos sacrificando, eso sí, un mayor consenso que ha estado ausente en buena parte de los debates jurídicos con más aristas ideológicas. De manera que los siete votos de los magistrados progresistas frente a los cuatro conservadores (el quinto sigue pendiente de la designación por parte del Senado desde la renuncia de Alfredo Montoya por motivos de salud en julio de 2022) han sido suficientes para imponer esa aritmética al resolver el recurso del PP contra la ley del aborto de 2010 –instaurando la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental de la mujer– y los que interpusieron populares y Vox contra la «Ley Celaá», respaldando la retirada de ayudas públicas a los centros que separan por sexos a sus alumnos. No así con la ley de la eutanasia, que estableció el derecho de autodeterminación de la persona sobre su propia vida, una sentencia que sí fue respaldada por dos de los cuatro magistrados del bloque minoritario, Ricardo Enríquez y César Tolosa. «El 7-4 es engañoso –aducen fuentes del TC–, porque en los temas de mayor calado el tribunal siempre se ha dividido. Los asuntos hay que resolverlos».

La réplica, en los votos particulares

Esa dinámica –que se ha repetido por ejemplo al resolver los recursos contra varios «decretazos» del Gobierno de Pedro Sánchez o al respaldar la reforma que impide al CGPJ cubrir las vacantes judiciales mientras esté en funciones– ha dejado inevitablemente un reguero de votos particulares de los magistrados discrepantes. Reprochando a sus compañeros que «reescriban» la Constitución para respaldar la ley del aborto, criticando el «abuso» del decreto-ley por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o alertando de una «crisis del parlamentarismo democrático» al oponerse a la decisión mayoritaria de rechazar el recurso del Gobierno de Ayuso contra el impuesto a las grandes fortunas.

Y todo a la espera de que en este 2024 lleguen al tribunal los recursos contra la ley de amnistía, que volverán a situar sobre la institución un cristal de aumento, pese a que la futura ley exime al TC de decidir sobre la suspensión de la norma cuando quien acuda al TC sea un juez que tenga que aplicarla.