A vueltas con el déficit y su gestión

De manera recurrente vemos informaciones relativas a las desviaciones del déficit público de España y a las responsabilidades que se atribuyen a cada una de las administraciones, así como de las medidas que el Gobierno en funciones amenaza con tomar para evitar que esta situación se agrave. La responsabilidad se hace recaer por parte del Ejecutivo en las CC AA, causantes de todos los males, eludiendo explicar qué ha ocurrido con la evolución del déficit del Estado, incluida la Seguridad Social, y con el comportamiento que cada uno ha tenido de cara a la consecución de los objetivos marcados. La situación actual de imposibilidad de cumplimiento de los objetivos acordados con Europa ante la desviación sufrida ha hecho que el Gobierno haya fijado para este año un objetivo de déficit ocho décimas superior al fijado por Bruselas, pasando del 2,8% al 3,6%, manteniendo para las CC AA un déficit anual igual al establecido para 2015 del 0,7% en lugar del 0,3%, presentando este incremento de cuatro décimas como una generosidad y un esfuerzo del Gobierno en favor de ellas, pese a considerarlas culpables del incumplimiento. Una vez más, el reparto del déficit se hace de manera discrecional, no ajustado a la ley, y sin ser proporcional al peso de cada administración en el gasto público total, asignando al Estado más porcentaje del que le corresponde a costa de minorar el que debería atribuirse a las CC AA, exigiendo de nuevo a éstas un esfuerzo mayor al que les correspondería. Como ha explicado ya algún autor, el esfuerzo hecho por las CC AA para reducir el déficit público ha sido mayor que el que ha hecho el Estado, pese a haberse atribuido a sí mismo un margen mayor al que le correspondía, como ha vuelto a hacer para 2016. Entre 2011 y 2015 las CC AA han pasado de un déficit del 3,35% a uno del 1,66%, lo que significa una reducción del 50,4%. El Estado, por su parte, ha pasado del 5,53% al 3,74%, lo que supone una reducción del 31,4%. Es decir, que el esfuerzo que ha hecho ha sido casi 20 puntos inferior al de las CC AA. Se pretende justificar esta situación diciendo que el Estado tiene que hacer frente al pago de las pensiones y las prestaciones de desempleo, lo que sin duda es verdad. Pero también lo es que las CC AA tienen que prestar los servicios más costosos e intensivos en mano de obra como son la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, lo que sitúa el esfuerzo a realizar en magnitudes igualmente importantes. Con una diferencia adicional y es que, ante la insuficiencia de recursos o las ineficiencias de la gestión, es el Estado el único que tiene capacidad normativa para introducir reformas estructurales que hagan más soportable el gasto, sin que éste haya acometido ninguna de ellas, pese a las peticiones que las CC AA le han formulado. No se trata con esto de justificar el mayor gasto y los incumplimientos por parte de las CC AA, sino de explicar que el Estado también es muy responsable de los incumplimientos que se han producido y de la insuficiencia del esfuerzo realizado para lograrlo, pese a contar con más holgura de la que le correspondía y a tener la capacidad normativa para llevar a cabo las necesarias reformas estructurales para lograrlo, cosa que tampoco ha realizado. A su vez toda esta situación pone de manifiesto que la política seguida para embridar el déficit público basada en penalizar a los cumplidores en beneficio de los que incumplían, dándoles bajo mano más y más dinero sin aplicarles el régimen de sanciones previsto en la ley desde el primer día para reconducirlo, ha provocado que hayamos vuelto al punto de partida, al inicio de la legislatura que culminó en diciembre, con un déficit público que vuelve a crecer, pero ahora en un contexto en el que la economía ha corregido sus previsiones de crecimiento a la baja para el presente año y el Gobierno ha perdido la mayoría de la que disfrutaba para imponer cuantas medidas legales fueran precisas para impedir esa situación. Esta incongruente actuación puede provocar que la única Administración que ha cumplido con el objetivo de déficit, ha realizado el esfuerzo y ha dado superávit en los últimos años, deje de hacerlo. La reunión de la Comisión Nacional de Administración Local con el Ministerio de Hacienda terminó con una declaración de los grandes ayuntamientos a favor de eliminar el superávit ante la negativa de aquél de poder dedicar parte de ese superávit a financiar sus inversiones y sus gastos. Y cuando uno quiere gastar más, afinando para no superar sus ingresos, la consecuencia suele ser que los supera sobradamente. Lo que llevaría a que la única Administración pública cumplidora, los ayuntamientos, se sumaría así a las otras dos, complicando aún más el déficit público y la situación a nivel internacional. Las anunciadas medidas sancionadoras por parte del Gobierno llegan tarde y mal, y no parece que sirvan para disuadir a otros de incumplir. La única manera de lograrlo es exigir desde el principio el cumplimiento de la ley y aplicar en caso contrario los mecanismos de sanción con rigor e igualdad. El nuevo Gobierno debe tenerlo en cuenta y actuar desde el principio con rigor en el cumplimiento de la ley, aplicando los mecanismos de sanción, y sin caer de nuevo en cálculos políticos que, se ha demostrado, no sirven para arreglarlo.