Caridad contra el prójimo

María del Carmen Andújar y sus dos hijos adolescentes, vecinos de Huelva, podrán seguir viviendo en su casa a pesar de que en octubre de 2011 ya llevaban quince meses sin cumplir con las cuotas de la hipoteca que libremente habían firmado. La Junta, erigida en árbitro de la miseria y expendedora de carnés de menesterosos, expropiará la vivienda a la entidad crediticia que la posee en lo que constituye un insulto a los miles de andaluces que sí mantienen sus compromisos financieros, en muchas ocasiones a costa de enormes renuncias. Uno no puede más que alegrarse por la buena fortuna de esta familia, retratada ayer en su salón ante un televisor gigante de plasma quizás comprado a plazos (¿a cuántas mensualidades equivale su precio?) y tal vez también en trance de ser subvencionado por los contribuyentes. Sin embargo, esta elevación a rango de ley de las obras de caridad lesiona el derecho a la propiedad privada, uno de los pilares de la convivencia desde la Revolución Francesa y el principal motor del progreso de nuestras sociedades. Además de ayudar a la señora Andújar, la aplicación de este mal llamado decreto antidesahucios perjudicará a una empresa que ya debía lidiar con el impago de uno de sus clientes. Puede que ahora todos ellos, envalentonados con el ejemplo, decidan acogerse a la beneficencia juntera, lo que la abocará a la quiebra o, como poco, al cierre de sus oficinas en Andalucía: también tendrá el erario que hacerse cargo de las hipotecas de los trabajadores despedidos gracias a la caridad dispensada por la consejera de vivienda. Así sucesivamente, hasta terminar en Corea del Norte.