Cuestión de presos

Qué familiares nos resultan, al menos a los que hemos vivido en el País Vasco, las manifestaciones a las puertas de las prisiones con motivo de las salidas y entradas de los terroristas de ETA. Aquellas concentraciones no servían de mucho a los delincuentes, pero eran utilizadas por los partidos y asociaciones convocantes para legitimar sua causa y presionar a los jueces y funcionarios de prisiones. No consiguieron ni una cosa ni otra.

Pero si recuerdo aquellos momentos es por la similitud de esas concentraciones con lo que vimos ayer al trasladar a los presos independentistas catalanes a Madrid para ser juzgados por el Tribunal Supremo por rebelión, malversación y desobediencia.

Se han detenido mucho los medios en los más de 500 testigos que comparecerán
–Rajoy, Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, o Iñigo Urkullu, entre otros–, pero lo importante no son los testigos, sino lo que se va a juzgar: la celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017, y la declaración de independencia unilateral 26 días después.

El fiscal pide entre 7 y 25 años de cárcel a los 12 acusados y, aunque se han eliminado algunos testigos de la defensa, como a Pilar Rahola, el descarte principal se ha referido a los observadores nacionales y extranjeros que proponía el independentismo. De hecho, y aunque Torra había pedido a la comunidad internacional que se implicara en el juicio al «procés», el Tribunal Supremo ha estimado que ya se garantizan suficientemente el respeto a los derechos humanos de los procesados con la retransmisión televisada en directo de todas las sesiones del juicio.

El Supremo quiere así no solo garantizar un juicio justo, sino que este también lo parezca, evitando cualquier sombra de duda sobre la Justicia española. Y evitando presiones callejeras o ajenas al tribunal.

No ha necesitado por ello el Alto Tribunal apelar, como a hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que la democracia española es plena. Tampoco necesitan los jueces utilizar estadísticas sobre transparencia y cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Lo que se evita con la presencia de estos observadores internacionales es que la Venezuela de Maduro o la Rusia de Putin se personen en un proceso serio y de gran trascendencia para manipularlo con sus numeritos, o utilizarlo como altavoz de sus gamberradas.

Es el Supremo el que dicta las normas. Así es el Estado de Derecho. La cosa marcha.