El «caso Rato» y la corrupción política

La sociedad española ha estrenado recientemente una nueva intolerancia ante la corrupción. Es un hecho excelente, del que todos debemos felicitarnos. En consecuencia la exigencia hacia quienes se dedican a la cosa pública, sobre todo con respecto a los políticos, ha aumentado. También hemos de felicitarnos por esta realidad (que no se cumple del todo en Cataluña ni en Andalucía).

Sea lo que sea, la nueva situación plantea algunos peligros. Uno de ellos es la hiper regulación. Impulsada por la mentalidad entre socialista y tecnocrática de nuestros gobernantes, la multiplicación de normas puede acabar dificultando la actividad económica... e incentivando las trampas. Otro riesgo es el de proyectar hacia atrás de los nuevos estándares, lo que llevará al juicio retrospectivo sobre lo ocurrido antes de ayer o ayer mismo. Es una tendencia muy característica de la actualidad, que gusta de simplificar, en particular lo referente a la política –siempre complicada-, y establecer valoraciones simples de orden aparentemente moral. Como es natural, la condena no deja de tener también motivaciones políticas. En este caso se trata de resaltar la limpieza y claridad de lo nuevo...

El último tramo del caso de Rodrigo Rato es un buen ejemplo de esto último. En cuanto saltó a la luz pública, y con qué espectacularidad, fue clasificado como de corrupción política. No es así, sin embargo. Las acusaciones que llevaron a la detención de Rodrigo Rato el día 16 de abril no son de orden político: afectan a la conducta de un particular que, al parecer, habría realizado actos encaminados a defraudar y engañar a Hacienda. No fueron cometidos cuando Rodrigo Rato ocupaba un cargo público, y ningún partido –tampoco el Partido Popular- se benefició de ellos. Ni el gobierno ni el PP son responsables de la conducta de Rodrigo Rato, ni de la cualquier otra persona, fuera del ejercicio de su cargo.

Hay una diferencia importante con la actuación de Rato en el caso Bankia. Bankia era un banco público, por lo que este asunto sí tiene una dimensión política indudable. Las tarjetas «black» pueden ser entendidas como una forma de beneficiar a los partidos y sindicatos presentes en los órganos de gobierno de Cajamadrid. En este caso, la corrupción política atañe a todo el espectro, derechas e izquierdas reunidas.

Es cierto, por otra parte, que Rato fue un personaje político de primera fila y ha llegado a simbolizar –de forma desmedida, en mi opinión– las reformas y el progreso económico de tiempos de Aznar. También fue uno de los protagonistas de la refundación del partido en los 80. Está por tanto identificado con la esencia misma del PP. El que se le confiara la presidencia de Bankia después de su poco brillante paso por el FMI dice mucho acerca de la inconsistencia con la que el Partido Popular suele seleccionar a sus amigos y a su personal.

Las derivadas políticas del caso son por tanto poco discutibles. Aún más en tiempos de demagogia populista, cuando el descrédito de las elites se convierte en el eje principal de la vida pública y se opta por las simplificaciones que enfrentan a los de abajo con los de arriba. Aquí el PSOE tiene mucho menos por ganar que las nuevas fuerzas políticas, aunque parece estar convencido de lo contrario.

Esto conduce a otra de las paradojas de la campaña desatada desde la detención de Rato. Ahora mismo cualquier caso de corrupción adquiere tintes políticos, aunque no lo sea. En realidad, tampoco estamos tan lejos de una situación previa, que muchos lectores recordarán. Hace pocos años, cualquier mínima acusación de corrupción era descartada, por parte de aquellos que se veían puestos en cuestión, porque se le achacaba una intencionalidad política. Así se evitó durante mucho tiempo la necesaria reforma de la financiación de los partidos políticos, que es una de las claves de las conductas que han llevado a la actual situación de relativo descrédito del sistema. La política era como el arte: el territorio de la libertad absoluta... Aún hoy se escucha eso de que hay que encontrar una solución «política» –es decir, dudosamente legal– a un problema cualquiera.

Considerar ahora como político cualquier caso de corrupción es una respuesta sobreactuada y tardía a una situación con la que se tenía –y se podía– haber acabado antes. Y vuelve a bloquear la solución de los problemas. Los grandes partidos, en particular el PSOE, deberían medir con más cuidado lo que lo están haciendo. El PP, por su parte, podría intentar afinar algo los criterios mediante los cuales selecciona su personal.