El «Código Rubalcaba»

Si Rubalcaba hubiera aplicado a sus amigos José Blanco y José Antonio Griñán el mismo código de conducta que le exige a Rajoy, Blanco ya no sería diputado y Griñán no presidiría el PSOE ni Andalucía. Pero Rubalcaba no dio crédito al testimonio de un tal Jorge Dorribo, encarcelado por oscuras operaciones económicas, y acertó al confiar en su ex compañero de Gobierno, que ha sido absuelto por el Tribunal Supremo. En cuanto a Griñán, aunque haya arrojado la toalla al frente de la Junta, hace bien Rubalcaba en no reclamarle que también deje la presidencia del partido, pese a los indicios que le apuntan en el escándalo de los ERE. Será la Justicia quien dictamine, pero mientras tanto el líder del PSOE hace bien en presumir su inocencia y en no acosarle con un «Váyase señor Griñán, está usted haciendo daño a Andalucía y a mi partido». Más aún, tendría derecho a equivocarse por haber confiado ciegamente en él si dentro de un tiempo resultara imputado.

El derecho a equivocarse no goza de buena reputación entre la clase política, que no es precisamente un dechado de virtudes. Rubalcaba, por ejemplo, erró gravemente cuando, siendo ministro de la Presidencia con Felipe González, defendió la integridad moral de otro Luis (Roldán) como director de la Guardia Civil; o cuando creyó en la inocencia de algunos compañeros de Gobierno que luego fueron condenados en el «caso Gal». ¿Acaso esa confianza reiteradamente traicionada inhabilitó a Rubalcaba para seguir en política, para repetir como diputado e incluso para aspirar a ser presidente del Gobierno? Por supuesto que no, aunque la mitad de su partido prefiera hoy a otro. El inconveniente de acumular muchos trienios en política es que los pies se manchan con el barro del camino, de ahí la necesidad de reivindicar el derecho a equivocarse cuando se obra de buena fe. El Rey ha sido el primero en acogerse a él y los ciudadanos valoraron el gesto. Rajoy acaba de admitir su error al confiar en un amigo que le salió rana. Puede que hasta Rubalcaba necesite pedir perdón, pero entre tanto sería de mucha utilidad que la clase política aprendiera la lección en casos como el de Blanco o el de Soria, a saber: ser imputado no equivale a ser culpable; no se le puede dar el mismo valor a la palabra de un delincuente que a la de un servidor público; el linchamiento mediático sólo busca la condena social y política del encausado, no la verdad de los hechos; lo que se ha de probar es la culpabilidad, no la inocencia; y, por último, los políticos tienen derecho a equivocarse cuando obran de buena fe, pero están obligados a reconocerlo. Lo demás son trapisondas y alborotos, de escaso provecho democrático y muy indigestos para el ciudadano.