Jueces

El Consejo del Poder Judicial acaba de premiar al juez valenciano Juan Carlos Mompó por ser el más eficaz de España. En su juzgado las causas no se acumulan y las sentencias se dictan con prontitud, de manera que los pleiteantes obtienen una Justicia rápida y no están esperando el fin de los tiempos. De lo que se dice del juez Mompó infiero que no sólo es una persona trabajadora sino, sobre todo, organizada y capaz de dirigir su oficina judicial como si fuera un empresario de la Justicia. Muy loable todo ello y loable también que los mandamases de la judicatura se lo reconozcan. Pero lo que no se entiende bien es que estos últimos no hayan decidido usarlo como baremo para establecer la escala salarial del resto de sus colegas en todo el país, especialmente de aquellos que, amparados en la excusa de la falta de medios, trabajan más bien poco y se eternizan en el trámite de los asuntos o en la redacción de sentencias. Porque, no nos engañemos, la Justicia en España está hecha unos zorros porque hay demasiada parsimonia y mala organización en el trabajo de los juzgados.

Se dice que, para que haya justicia, tiene que haber rapidez. Cierto, como demuestra el juez Mompó; pero también tiene que haber respeto por la Ley, aunque los jueces hayan de gozar de completa independencia en su interpretación. Y en esto, las cosas muchas veces no están tan claras. El profesor Francisco Cabrillo –que ejerce como catedrático de Economía en una facultad de Derecho– ha mostrado en un reciente artículo que los jueces tienen su propia política económica y que ésta no coincide con la del Gobierno, de manera que, por la vía judicial, se trastoca la capacidad del Ejecutivo para resolver los problemas económicos. Cabrillo señala que hay «sentencias que han aplicado la Ley de una forma muy diferente al propósito del legislador» y añade que «hay argumentos para pensar que se ha producido algún tipo de captura del regulador judicial por parte de grupos de presión como sindicatos o asociaciones de empleados que trabajan para el sector público, que les habrían inclinado a decidir a favor de sus intereses particulares».

Claro que para influencias espurias sobre la Justicia están sobre todo las de naturaleza política sobre el Tribunal Constitucional. Lo ha dejado claro un estudio de los profesores Marian Gil, Nuno Garoupa y Fernando Gómez sobre los recursos de inconstitucionalidad, en el que se demuestra, con los números en la mano, que el voto de sus magistrados no depende «de su afiliación política, sino más bien del hecho de que el recurso haya sido interpuesto por el partido que los nombró»; y además el ciclo político –marcado por la alternancia de los partidos en el gobierno o la oposición– es también una variable determinante del resultado. Algún lector me dirá que ya lo sabíamos, pero ahora lo tenemos cuantificado. Es la virtud que tienen los economistas cuando se ponen a escudriñar los fenómenos sociales.