Fernando Rayón
La credibilidad del Rey
Nunca agradeceremos suficientemente a la CUP que nos haya liberado de un personaje de la catadura de Artur Mas. Algunos pensarán que lo que llega es aun peor, pero la revolución que pretenden los antisistema –que son los que cortan el bacalao en Cataluña– no es sino el último paso hacia la nada. El que había organizado el desaguisado está fuera y su partido también.
Si aludo a la situación catalana, y por supuesto al gobierno en funciones de España, es porque ese es el marco que sirve de decorado al comienzo de la vista oral del caso Nóos. Por fin hoy, muchos meses –años después de las primeras investigaciones– comienza un juicio que algunos interpretan como un juicio a la credibilidad de la Corona, pues entre los imputados está la hermana y el cuñado del Rey. No hay tal: se van a juzgar unos hechos –presuntos delitos– que supuestamente cometió Iñaki Urdangarín y casi dos decenas de personas más. La credibilidad de la Corona no está en juego, pero sí es necesario señalar algunas cuestiones que han salpicado a la Casa del Rey y que algunos se han empañado en enredar –y los seguirán intentando– entre las competencias del Jefe del Estado.
La primera es la que el ex duque de Palma se valió de su parentesco con el Rey Juan Carlos para que algunos cargos políticos le adjudicaran contratos a dedo por más de seis millones de euros. Naturalmente, aunque esto fuera así, la implicación de la Corona solo sería efectiva si el rey don Juan Carlos hubiera estado al tanto e intercedido por su yerno, cosa que ni los mails, ni los documentos, ni las facturas, ni los sms del socio de Iñaki, Diego Torres, han conseguido demostrar a lo largo de todos estos meses. Más bien al contrario. Consta que, desde la Casa se exigió una y otra vez al consorte de la infanta Cristina que cesase en sus actividades en aquellas empresas sin ánimo de lucro. Pero da igual: los enterados repiten una y otra vez que en la Casa sí conocían las andanzas de Iñaki, como si eso ya fuera garantía de la connivencia y apoyo. Y añaden que se podían haber hecho muchas más cosas para evitar que las cosas llegaran hasta donde llegaron. Otra suposición.
La segunda cuestión que esgrimen los mismos enterados: es que algunas de las reuniones entre Iñaki y los políticos que le adjudicaban irregularmente esos contratos fueron en los palacios de La Zarzuela y La Almudaina (Palma de Mallorca), aunque otros citan también Marivent. Dejando al margen que así hubiera sido –nadie ha demostrado aun que esos encuentros fueran para hablar de esos contratos y no como parte de las obligaciones políticas de Matas, Camps y Barberá- esos encuentros tampoco demuestran que la Casa del Rey estuviera al tanto sino que Urdangarín, como ya hiciera con sus contratos, utilizaba los edificios de Patrimonio Nacional para dar la misma impresión de que el Rey estaba al tanto.
Pero las circunstancias han cambiado. Aquí ya no estamos en la tertulia de Sálvame. Al cuñado del Rey le pide el fiscal 17 años de cárcel. Y las acusaciones que se le imputan deberán ser probarlas. No valen las suposiciones. Por eso este juicio llega a donde debía estar, a los juzgados, y no al debate mediático o político. Y dada la coyuntura a la que me refería al principio, no tengo duda, de que algunos de aquellos políticos van a aprovechar las circunstancias para menoscabar el poder y la autoridad del Rey. Les conviene. Lo harán.
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