La vicepresidenta en Cataluña

La nueva política emprendida por la vicepresidenta del Gobierno en Cataluña reproduce los dos problemas que Stéphane Dion consideró imprescindible evitar para poder afrontar con éxito el reto secesionista –en su caso, el de Quebec en Canadá–: hablar con suavidad a los nacionalistas y no considerar seria y públicamente que éstos pueden salir ganando. En efecto, bajo la melindrosa apelación al diálogo que, en la teoría y en la práctica, realiza la señora Sáenz de Santamaría –con la que pretende moderar su política precedente de impugnación ante los tribunales de las iniciativas independentistas– no se oculta otra cosa que la aceptación, por el momento implícita, de los eufemismos que revisten el discurso de la separación de Cataluña con respecto a España. Se asume así, sin someterla a una discusión racional, la idea de que tal cisma no es otra cosa que la expresión democrática del pueblo catalán; y naturalmente, de que son los políticos nacionalistas los intérpretes genuinos de la voluntad de éste para constituirse en Estado. Sin embargo, el procedimiento democrático exige que las convicciones políticas se sujeten al contraste con los electores bajo reglas de decisión bien conocidas y previamente establecidas. Esto es lo que ha recordado en varias ocasiones el Tribunal Constitucional al afirmar que la Constitución española no exige a ningún ciudadano una adhesión militante y que, por ese mismo motivo, puede plantearse su reforma e incluso su derogación. Y ha señalado también que el Parlamento de Cataluña está habilitado para tomar la iniciativa en un proceso de esa naturaleza. Sin embargo, ni los promotores de la secesión quieren oír hablar del procedimiento democrático ni, al parecer, la vicepresidenta está dispuesta a incluirlo en su agenda de diálogos promoviendo, por ejemplo, una legislación que clarifique las condiciones que cabe exigirles a aquellos para comprobar que su iniciativa cuenta con el respaldo de una mayoría suficiente de la sociedad catalana. Pero, además, recordaba Dion, es preciso tener presente que los nacionalistas pueden ganar y que, por ello, la política favorable a la unidad no puede realizarse sólo en la intimidad de unas conversaciones discretas, sino que requiere salir al debate público acerca de las ventajas y los inconvenientes que la secesión plantea, tanto desde la perspectiva política como económica. Ese debate no es privativo de las estructuras parlamentarias, aunque éstas jueguen un papel primordial. Ha de extenderse también a la sociedad civil, tal como por cierto han comprendido los independentistas, que, en esto, llevan una ventaja de años, mientras que las asociaciones catalanas contrarias a la secesión se han visto desamparadas, cuando no vilipendiadas, por el Estado. Y al ser la cuestión de la permanencia de Cataluña en la UE un elemento central en este asunto, conviene que la discusión se traslade asimismo a las instituciones comunitarias, exigiendo de éstas un pronunciamiento formal y vinculante. He aquí un asunto en el que la vicepresidenta puede ejercer una competencia privativa del Gobierno, aunque se aleje de la errada suavidad de su reciente política.