Los «robagallinas» y los otros

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, ha dicho en su visita a este periódico, en presencia de los ministros de Justicia e Interior, que la actual ley procesal está pensada para los «robagallinas», o sea para los rateros, robaperas, manguis, carteristas, randas y ladronzuelos de poca monta, y no para los grandes defraudadores, de pilates, chófer, tarjeta platino, safaris, putas de lujo, restaurantes de cinco tenedores, abogados-estrella, buenos asesores fiscales y excursiones periódicas a exóticos paraísos fiscales, que son los que se lo llevan crudo. Éstos acostumbran a prolongar interminablemente los procesos en que están inmersos con mil artimañas legales hasta que se diluyan, lo que genera en la gente de la calle la sensación de que los poderosos se libran de la quema y se van de rositas. ¡Poderoso caballero es don Dinero!

Esta aparente impunidad de los adinerados, y más en tiempos de penuria, produce en el pueblo rabia, desmoralización, desconfianza de la Justicia y desprecio de la clase dirigente, de las instituciones y, por supuesto, de las fuerzas políticas. Lesmes lo ha reconocido: «Si la Justicia no funciona, no hay regeneración democrática».

Ante la evidente alarma social, parece que asistimos a una ofensiva en toda regla contra la corrupción y los grandes defraudadores. Los periódicos y los telediarios son, de un tiempo a esta parte, una crónica de tribunales. El resto del contenido es propaganda política, fútbol (Real Madrid y Barcelona, mayormente) y sucesos. Hasta el debate de los Presupuestos se convierte en un rifirrafe partidista.

Se echa en falta el consejo de Ben Bradlee, legendario director del «Washington Post», el del célebre «caso Watergate», que acaba de morir a los 93 años: «El periodismo es buscar la verdad y contarla». Aquí la Prensa va con frecuencia a rebufo de la Justicia, de las filtraciones interesadas y de los objetivos políticos. Cada cual pone el énfasis en los casos que no son de su cuerda y se olvida de los propios. Pero, en fin, el hecho es que, a pesar de las deficiencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que denuncia el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y que habría que corregir con urgencia, la lista negra de personajes relevantes llamados a sentarse en el banquillo –de Iñaki Urdangarín a Luis Bárcenas y a Fernández Villa, el líder minero asturiano; de Jordi Pujol a Rodrigo Rato y Miguel Blesa; de Josep Luis Núñez, ex presidente del Barcelona, a Juan Pedro Hernández Moltó, de Castilla-LaMancha; de Ángel Acebes a la caterva de los ERE de la Junta de Andalucía...–es interminable.

Y lo que te rondaré, morena. Se ha activado la escoba de la limpieza. Como ha dicho Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, «aquí no se salva nadie y el que la hace la paga». Eso parece. No es que asistamos, aunque lo parezca, a una incontenible ola de corrupción en España. Asistimos más bien a una catarsis y a un ajuste de cuentas con el pasado reciente. Los «robagallinas» seguirán a su aire.