Pactos e imputaciones

Entre las muchas cosas que el fallecimiento Rita Barberá ha puesto sobre la mesa está la actitud de los partidos sobre los políticos imputados. No es una cuestión menor, pues forma parte del acuerdo que firmaron PP y Ciudadanos y que hizo posible su apoyo en la investidura de Mariano Rajoy. Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha dicho que habría que «dar una vuelta» a ese punto y buscar una compensación para los que después resulten absueltos.

El punto 93 de ese pacto establece que PP y Ciudadanos «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados en delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentran en dicha situación no puedan ser incorporadas a las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos». Hasta entonces, la postura del PP era que los políticos debían ser apartados en el momento de la apertura del juicio oral, pero Ciudadanos impuso que lo fueran en el de la imputación. De hecho así lo ha hecho efectivo en todos los pactos de investidura de las comunidades donde el partido de Rivera ha decidido con su voto: Madrid, Andalucía, La Rioja, Castilla y León y Murcia. Por cierto que en esta última comunidad, su presidente, Pedro Antonio Sánchez, está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirme la imputación que ha solicitado la Fiscalía. Y no parece que Ciudadanos vaya a ceder.

Así las cosas, y a la vista de lo sucedido esta semana, parecería lógico que todos los partidos reflexionaran sobre este punto. Mucho me temo que eso va a resultar imposible dada la aritmética parlamentaria en la que vivimos. De hecho, el ministro de Justicia, Rafael Catalá,–uno de los artífices del pacto con Rivera– ya ha recordado que el acuerdo sigue en vigor, aunque esa tampoco sea la cuestión de fondo. El presidente murciano ha sido imputado varias veces y declarado inocente otras tantas. Pero es un caso especial. La mayoría de los políticos que han pasado por ello, aunque luego hayan sido declarados inocentes, han decidido abandonar la política tras el injusto calvario en el que se han visto metidos. La pena «pública» es muy difícil de revertir para alguien que quiere dedicarse a la vida pública. Quizá porque ésa es una pena que nunca podrá perdonar ningún juez. Deberían reflexionar los partidos.