La constitucionalidad de la amnistía no es la cuestión

He consultado con media docena de juristas de alto prestigio y larga experiencia. La coincidencia ha sido plena: el recurso del Tribunal Supremo sobre la Ley de Amnistía puede calificarse jurídicamente de impecable. Los magistrados de la Sala correspondiente del Tribunal Supremo consideran de forma unánime que la ley recurrida desbarata el derecho constitucional a la igualdad de los españoles, puede vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional y pone en cuestión el sistema democrático mismo. De forma inequívoca y concluyente el Tribunal Supremo califica el procés como intento de golpe de Estado y subraya que sus autores, en lugar de mostrar arrepentimiento, amenazan reiteradamente con que volverán a intentar lo que hicieron sin éxito en 2017. Los juristas por mí consultados no son optimistas. Piensan que el Tribunal Constitucional, fuertemente politizado, golpeará al Tribunal Supremo y se hará necesario recurrir a la Justicia europea.

No voy a entrar, sin embargo, en el debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. En esa disputa reside la gran trampa política tejida por el sanchismo. La cuestión no debe centrarse en si es constitucional o no la Ley de Amnistía. Lo que políticamente resulta rechazable y éticamente deleznable es el motivo por el que se puso en marcha en el Congreso de los Diputados la tortuosa operación. Pedro Sánchez necesitaba imperiosamente para su investidura los siete escaños derechistas de Junts. Y con indiscutible habilidad política y altas dosis de cinismo se instaló en el do ut des, ofreciendo al prófugo golpista Carlos Puigdemont promulgar una Ley de Amnistía a cambio de esos siete votos favorables. La maniobra se perpetró con el mayor descaro.

Pedro Sánchez manipuló después el relato para que se hable y se debata sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Amnistía, cuando el fondo de la cuestión no reside ahí, sino en la desvergonzada compra de los escaños de Junts para asegurar la investidura del líder socialista. Éste es el epicentro de la cuestión: elaborar una ley -para colmo con participación de los propios delincuentes a los que se pretende amnistiar- a cambio del plato de lentejas de los siete escaños de un partido secesionista de derechas.