Por convicción moral o por el interés general

Con el aborto de triste actualidad política, por el anuncio por el Tribunal Constitucional de mayoría «progresista» como deseaba Sánchez, y en apenas unos días desde la toma de posesión de los nuevos Magistrados; por 7 votos a 4 y sin aceptar ninguna de las recusaciones planteadas, e incluso negando una voluntaria, se ha «constitucionalizado» el «aborto a plazos» como un derecho de la mujer.

Mientras, está a punto de aprobarse en las Cortes otra ley que ya la amplía, al reconocer como un derecho a abortar también a las menores de 16/17 años sin consentimiento de sus progenitores, además de otras facilidades. Es una prueba inequívoca más, para comprobar que vamos camino de la barbarie de reconocer como un derecho el abortar sin ninguna limitación, incluso como ya sucede en algunos lugares, a los nueve meses. Así, hemos pasado del aborto despenalizado en tres supuestos, al aborto como un derecho a plazos y en unos días también para las menores, que no pueden tomar determinadas decisiones ordinarias sin autorización de sus padres, y que ahora podrán hacerlo a espaldas de ellos por su cuenta.

Por su parte, los datos que suministra el INE nos muestran que España está en un invierno demográfico solo atenuado por la inmigración, que palía, de momento, un suicidio colectivo de nuestra sociedad a medio plazo. Los datos provisionales de 2022 indican que el pasado año apenas se produjeron en nuestro país 330.000 nacimientos, que es la cifra más baja desde el inicio de la serie histórica estadística que se remonta a 1941. En ese año nacieron en España con una población muy inferior a la actual, cerca de 600.000 niños que llegaron a 700.000 en 1964. En la actualidad las defunciones superan a los nacimientos y no se alcanza siquiera la tasa de reposición.

Aunque solo sea por velar por el interés general de España, necesitamos una política de natalidad que proporcione a las mujeres la ayuda necesaria para que no se vean abocadas a la tragedia personal de abortar por no verse en condiciones de tener ese hijo que llevan en sus entrañas. Tampoco el sistema público de pensiones es sostenible a medio plazo con una esperanza de vida como la actual y con una necesidad de población activa y ocupada solo cubierta –y parcialmente– por la inmigración. Si no es por convicción moral y ética, que sea por interés: es imprescindible una intensa política de natalidad y de ayuda a la familia. Con el derecho al aborto y la ideología de género estamos abocados a un suicidio social colectivo.