Ábalos debe mediar en la crisis del taxi

El conflicto entre el taxi y los VTC ha llegado a un punto que debe reconducirse dando una salida racional a ambas partes. El grado de enfrentamiento es tal que se ha abierto un verdadero problema de orden público. El centro de Barcelona está colapsado, los actos de violencia descontrolada han ido en aumento, llegando a bloquear vías neurálgicas de la ciudad o impidiendo el acceso a infraestructuras de primer orden como el puerto. En Madrid, los trabajadores del taxi se han propuesto impedir el acceso a Fitur, la feria internacional del turismo, además de cortar el acceso al aeropuerto. La agresividad ha ido en aumento, favorecida por la falta de un interlocutor por parte de las administraciones. El diagnóstico del problema es claro, pero no hay voluntad política de afrontarlo poniendo de acuerdo a ambas partes. El taxi no puede perder, pero los nuevos modelos de negocio también deben tener su espacio debidamente regulado. El sector del taxi ve peligrar su negocio por la irrupción de la contratación de vehículos a través de telefonía, como sucede en las grandes ciudades de todo el mundo, mientras que estos nuevos servicios tienen ventajas fiscales: la norteamericana Uber y la española Cabify cuentan con empresas matrices que le permite una baja tributación en paraísos fiscales. Un método legal, pero que debe ser regulado. El conflicto saltó el pasado mes de julio, pero el Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a La Moncloa, consiguió una tregua con el sector del taxi al aprobar en septiembre un decreto que cedía las competencias sobre las licencias VTC a las comunidades autónomas que lo pidieran. Es decir, se desentendió de un problema que no tiene una fácil solución y se lo pasó a las comunidades, que todavía no han dado con la manera de hacer compatible el taxi con los nuevos servicios. No se trata sólo de un problema de movilidad, sino de regular un sector que tiene que ver con las formas de negocio de Google o Facebook. Sin embargo, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sacó adelante un decreto en septiembre para que fuesen comunidades y ciudades las que gestionasen las licencias VTC, que hasta ese momento estaban bajo el control del Estado. El Gobierno de Sánchez fue incapaz de dar una solución al conflicto y creyó resolverlo pasando el problema a otros. Como se ha visto, no sólo no se ha resuelto, sino que se ha agravado. Lo único que está claro ahora visto el recrudecimiento del enfrentamiento es que la urgencia del decreto ley sólo respondía a la del propio Gobierno, dado que no se preveía su aplicación hasta dentro de cuatro años. Lo lógico es haber traspasado la gestión de los VTC cuando se hubiese acordado un marco normativo general. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mostró su preocupación por las restricciones al libre mercado que suponía el decreto, ya que la cesión de competencias a comunidades y ayuntamientos podía desembocar en miles de regulaciones distintas de ámbito local que rompiesen la unidad de mercado. No hay que olvidar que para que los VTC puedan trabajar en trayectos urbanos tendrán que solicitar en un futuro una segunda licencia en la ciudad donde quieran operar. En estos momentos, la situación es caótica, cada comunidad negocia bajo sus propios criterios, sentando las bases de que, efectivamente, no hay unidad de mercado –como se ha comprobado con la propuesta de la Generalitat de aumentar el periodo de contratación de VTC a una hora– por lo que es urgente que desde Fomento se ponga orden a una situación que no sólo afecta al taxi y a los nuevos modelos de negocio, sino a los propios usuarios. Hay que llamar la atención sobre una tendencia que se está abriendo paso en determinados conflictos, sean políticos, sociales o económicos, y es que se quiera imponer la voluntad de una parte por encima de la Ley y del conjunto de los ciudadanos. Incluso con violencia si hace falta.