Castilla y León

Cataluña tras las elecciones

Si interpretar en clave electoral una movilización callejera, por muy aparente que sea la multitud reunida, demuestra, cuando menos, bisoñez política, extrapolar los resultados de unos comicios tan específicos como los del Parlamento Europeo al panorama autonómico raya la estulticia. Mucho más cuando el pretendido efecto plebiscitario que buscaba el president de la Generalitat catalana para su proceso separatista se ha quedado muy lejos de las expectativas generadas. De hecho, en estas elecciones europeas, la participación en Cataluña ha sido del mismo tenor que la media española, incluso menor que en comunidades como Madrid y Castilla y León. Artur Mas ha incurrido, pues, en ambos errores. Del primero ya se han constatado las consecuencias. El adelanto electoral le supuso una pérdida de 12 escaños, sufrir la dependencia parlamentaria de ERC, su adversario tradicional, y que los republicanos, puestos a impulsar el soberanismo, le hayan superado electoralmente en la convocatoria del 25 de mayo. Dos derrotas en las urnas que auguran el seguro descalabro en las próximas elecciones locales. Pero nada parece hacer mella en el líder de CiU, que ayer, en el Parlament, sufrió además el desdoro de verse emplazado por una diputada de ERC a prometer que seguirá hasta el final con su proyecto de consulta separatista, como si, en el fondo, los radicales del independentismo catalán no terminaran de fiarse de él. Si bien la situación en Cataluña nunca ha dejado de estar entre las prioridades de Mariano Rajoy, tras el paréntesis electoral, y dado que el president de la Generalitat se empecina en el error, el Gobierno se propone intensificar su acción en la comunidad catalana ampliando la estrategia a la sociedad civil que, en amplia mayoría, no desea separarse de España, y dando un mayor apoyo a los movimientos ciudadanos que denuncian la deriva soberanista. Sin duda, el cambio más importante en el planteamiento gubernamental es, como hoy publica LA RAZÓN, la asunción de que los partidarios de la secesión ya están completamente movilizados, con lo que la política de cautela seguida hasta ahora, que siempre ha distinguido entre el conjunto de los ciudadanos de Cataluña y los separatistas, pierde virtualidad. Precisamente, uno de los problemas con los que tropieza la actuación del Gobierno es que queda tapada por la abrumadora propaganda de los satélites mediáticos de la Generalitat, empecinados en distorsionar la realidad de una comunidad en dificultades económicas, como la mayoría de las autonomías, que ha recibido las asistencias y el apoyo financiero de la Administración central que ha requerido. Un plan de acción, en definitiva, que no debe renunciar al principio básico de que no se puede dialogar ni negociar al margen de las leyes y la Constitución.