Colau, una antisistema contra la mayoría de los barceloneses

La llegada fulgurante al Ayuntamiento de Barcelona de la activista social –aunque de corto currículum, todo hay que decirlo– Ada Colau se interpretó como una muestra del voto de castigo que las instituciones democráticas recibían de una parte del electorado y que, en los días del 15-M, se enunció al grito de «¡Democracia real, ya!». Es decir, se presupone que la que estamos ejercitando desde hace casi cuarenta años no cumple los requisitos del sistema de representación asambleario que proponen o, incluso, algo peor: ninguna «democracia burguesa» es del todo democrática si no es «popular y socialista». La gestión municipal de Barcelona está demostrando que la ciudad, con un presupuesto de 2.708,6 millones de euros, es un laboratorio de experimentos ideológicos y, de manera especial, de hacer compatible la gestión diaria de los asuntos que incumben a todos los ciudadanos con el incumplimiento de las normas básicas de convivencia y respeto a la Ley. No hay otro principio que el de reservarse el cumplimiento de las leyes que se consideran injustas, según advirtió Colau, algo que es una perversa contradicción, ya que nos regimos por normas aprobadas en instituciones democráticas. Pero esos juegos de palabras tan vacíos como rotundos y llamativos son los que definen al populismo, un método eficaz para conseguir el poder, pero nefasto para gestionarlo al servicio de todos. Ésa es la cuestión y la base de la incompetencia que está demostrando Colau, cuya manera de entender la política se basa en azuzar el «odio de clase» y enfrentar al pueblo contra el «no pueblo». Que un responsable público anime a no acatar la Ley es perder toda la legitimidad democrática que le asiste. Lo estamos viendo estos días en los incidentes del barrio barcelonés de Gràcia. La violencia desatada por grupos antisistema está teniendo una tímida respuesta por parte de la edil y, sobre todo, su comprensión, ya que, a pesar del ensañamiento empleado en las protestas, tienen motivos para hacerlo por que la doctrina del movimiento okupa es intocable. Entre los manifestantes, dijo Colau, había «vecinos molestos que reivindicaban un espacio social muy arraigado en el barrio». En definitiva, la violencia desatada era justificable. Este argumento se viene empleando continuamente y equipara la violencia de los antisistema a la «brutalidad» de los antidisturbios, culpando, en definitiva, al «sistema», que siempre son «los otros» y frente a los que está justificado romper cristales o insultar y amenazar, cuando se trata de la oposición –no nacionalista– o del Gobierno –pero sólo el de Madrid–. En Cataluña existe una degradación del sistema de valores políticos ya que es aceptable que el partido que presta el apoyo al presidente de la Generalitat, los anticapitalistas de la CUP, participe en las protestas violentas, lo exhiba y exija dimisiones por la «brutalidad» de los Mossos d’Esquadra. En una encuesta de NC Report que publicamos hoy, el 51,2% de los encuestados cree que Colau no ha estado a la altura de los graves incidentes de Gràcia y que, desde que llegó a la alcaldía de la ciudad, ésta no sólo no ha mejorado (37,2%), sino que ha empeorado (37,8%). La puntuación sobre la gestión de la edil no deja dudas: 3,9 puntos sobre diez. Ayer, Mariano Rajoy se refirió en el Cercle d’Economia, en Sitges, a que tanto Ada Colau como Manuela Carmena «hacen daño a la economía». No se puede liquidar desde el sectarismo y una ideología trasnochada lo que dos grandes ciudades como Barcelona y Madrid han construido.