Corresponsables de la violencia

Con el Parlament de Cataluña instalado en un círculo vicioso, al menos, hasta que el calendario apunte a la fecha de una nueva consulta electoral o los dirigentes separatistas consigan librarse de la sombra del ex presidente Carles Puigdemont, sin que lo parezca, claro, se corre el riesgo de que la campaña de protestas que impulsan los «Comités de Defensa de la República» y las CUP, con Arran como punta de lanza, degenere en graves episodios de violencia. Si ayer, la mayoría secesionista de la Cámara catalana hizo aprobar varias mociones de fogueo sobre los derechos a la investidura de tres políticos encarcelados por orden judicial, lo que carece de la menor importancia práctica, no conviene dejarse adormecer por la inanidad política de la mayoría de sus actuaciones parlamentarias, so pena de llamarse luego a la sorpresa. Lo advertimos porque no se puede calificar de menor o despreciar por sabido que una de las instituciones del Estado, como es, al fin y al cabo, el Parlament, se niegue a condenar la violencia callejera y los actos de clara intimidación que se están produciendo en Cataluña –ayer, sin ir más lejos, se cortaron tumultuariamente los accesos al monasterio de Poblet– contra quienes no comulgan con el secesionismo, al tiempo que se deslegitima al Poder Judicial y se duda de la rectitud de sus jueces y magistrados, con otra emoción de apoyo a los dirigentes separatistas presos. Dirigentes que están en la cárcel no es por sus ideas políticas, pues muchos de ellos las han defendido sin problemas durante más de dos décadas, sino por llevar a cabo un acto de rebelión que suponía dar un golpe de Estado contra la democracia española, desde el desprecio más absoluto al ordenamiento jurídico y al principio de soberanía nacional. Esta actitud convierte a una parte de la Cámara en corresponsable de los actos violentos que se puedan producir y, además, no favorece en nada la situación personal de sus compañeros de filas procesados, que vienen reiterando las llamadas a la calma. En este sentido, que los propios mandos de la Policía autonómica catalana hayan advertido personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, del riesgo que conlleva seguir atizando la propaganda contra las actuaciones judiciales, debería mover a la reflexión a las formaciones independentistas sobre las consecuencias de tales actuaciones. Más aún, cuando el escaso eco ciudadano que están teniendo las llamadas a la protesta por parte de las CUP y de los grupos republicanos, unido a la frustración creciente de las bases más radicalizadas del separatismo, que ven como el Estado de derecho recupera sin mayores problemas el imperio de la ley, pueden desembocar en acciones de mayor violencia, que busquen la crispación social. Hay que insistir, pues, en la preocupación que generan esas resoluciones parlamentarias y en la necesidad de que los dirigentes políticos condenen sin paliativos ni excusas los cortes de carreteras y las llamadas a la desobediencia ciudadana. Ya que, por lo visto hasta ahora, son incapaces de dar una salida razonable al bloqueo institucional y político de Cataluña, que, al menos, contribuyan a mantener la convivencia social y la tranquilidad más que general en la que se desenvuelve el Principado. Ya hemos señalado repetidamente que la solución al «impasse» no debería pasar por repetir las elecciones autonómicas, posibilidad en la que nadie dice confiar, sino por la elección de un candidato a la presidencia de la Generalitat que no tenga hipotecas judiciales y que se comprometa a respetar la Constitución y el Estatuto. Las fórmulas imaginativas, como las de un gobierno de notables, que propone Podemos, sólo son parches sin virtualidad alguna. Porque, no lo olvidemos, ya no se trata de ganar tiempo, sino de gobernar para todos.