Corrupción sin apellidos

La jueza Mercedes Alaya ha dado un nuevo paso en la investigación de una amplia red de corrupción pública, centrada en Andalucía, pero con ramificaciones en el resto del territorio nacional. Ayer, la Guardia Civil, siguiendo órdenes de la magistrada, detuvo a 32 personas, en su mayoría funcionarios, e imputó a otra treintena por presuntos delitos contra la Administración, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso, falsedad en documento mercantil, fraude fiscal y organización criminal. Si bien la operación, continuación de la que comenzó con el asunto de «Mercasevilla», se halla bajo secreto de sumario, buena parte de las irregularidades investigadas fueron, como en otras anteriores, cometidas en ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas cuando se encontraban bajo la competencia política del PSOE –sólo en Andalucía hay 307 imputados bajo estas mismas circunstancias–, aunque la trama también salpica en menor medida a otras formaciones como Izquierda Unida o Coalición Canaria. Con esta exposición sucinta de los hechos no tratamos, sin embargo, de resaltar la supuesta responsabilidad de los socialistas sino de llamar la atención sobre un comportamiento generalizado entre los portavoces de los partidos políticos españoles, prestos a poner el altavoz sobre las corruptelas de los otros, mientras se pone sordina o se justifican las de los propios. Práctica partidista a la que el PSOE viene recurriendo últimamente sin tasa, llegando a algunas sobreactuaciones, como en el caso de la concesión del tercer grado penitenciario al ex ministro Jaume Matas –condenado a 9 meses de prisión–, que pueden llegar, incluso, a confundir a la opinión pública sobre los principios que informan nuestro sistema legal, en el que no caben las medidas ejemplarizantes. La cuestión fundamental, y las numerosas investigaciones judiciales abiertas en toda España así lo demuestran, es que la corrupción no es estigma de una determinada ideología, sino que opera de manera transversal. La lucha contra la lacra, por lo tanto, debe llevarse de igual forma, desde el concierto de todas las fuerzas políticas. Porque, además, la búsqueda de ventajas electoralistas a través de la manipulación o exageración de unos hechos que preocupan profundamente a los ciudadanos, y más en la actual situación de crisis económica, contribuye a provocar en esos mismos ciudadanos una percepción errónea de la realidad, extendiendo la sensación de que toda la política es corrupta y todos los políticos pertenecen a una casta de indeseables. Nada hay más incierto. La inmensa mayoría de nuestros servidores públicos –y aquí incluimos, por supuesto, a los funcionarios– trabaja desde el servicio a la comunidad y desde la ética. Para los que no, que son la minoría, está la acción de la Justicia, que se vería muy favorecida con el acuerdo leal y sin reservas de todos los partidos.