Opinión

Dar más plazos a Londres es inútil

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Hoy, con una constancia digna de las mejores tradiciones británicas, la primera ministra Theresa May va a someter por tercera vez a la aprobación del Parlamento el acuerdo de divorcio de Reino Unido con la Unión Europea. La «premier» ha tenido que recurrir a una pequeña argucia –retirar de la votación la parte referida a la declaración política, sin fuerza legal, acordada entre Londres y Bruselas– para conseguir que el presidente de la Cámara, John Bercow, admitiera esa tercera ronda, muy probablemente abocada al fracaso, pese a la oferta de May de presentar su dimisión y convocar elecciones si obtiene el «sí». La Unión Europea se encuentra, pues, ante una situación límite, provocada exclusivamente por el rifirrafe interno británico, y cabe preguntarse hasta qué punto es posible alargar esta situación. La realidad es que el tiempo corre inexorablemente, los plazos se agotan, y las señales que llegan desde el Reino Unido, de profunda confusión, sólo llaman a la desconfianza sobre las verdaderas intenciones que alberga el Gobierno de May, sin que se pueda descartar, incluso, que estemos ante una estrategia enrevesada para evitar el Brexit. De hecho, si el próximo 12 de abril continúa el actual impasse político la única opción que puede impedir una salida a las bravas, sin acuerdo, es la concesión por parte de la Comisión Europea de una prórroga a los británicos que, forzosamente, debería obligara a Londres a celebrar las correspondientes elecciones europeas, tal y como establece el Tratado en vigor. No es una opción deseable en absoluto, puesto que estaríamos ante la anomalía de que los eurodiputados británicos electos podrían participar, con voz y voto, en cuestiones que importan al futuro de esa misma Europa de la que pretenden irse. De ahí que, desde nuestro punto de vista, nos parezca un error seguir concediendo prórrogas a Londres sin obtener como contrapartida, al menos, la garantía de un acuerdo de mínimos en el seno del Parlamento británico sobre las condiciones de salida. Entendemos el vértigo de una decisión que, sin duda, va a provocar graves perjuicios a la economía del Reino Unido, pero es preciso señalar que ni Bruselas ni el resto de los ciudadanos europeos tienen la menor responsabilidad en todo este proceso. Un error de cálculo del ex primer ministro David Cameron, movido por razones de política partidista, llevó a un referéndum en el que los euroescépticos no tuvieron el menor problema en mentir a la población sobre las supuestas ventajas del Brexit, con el resultado conocido. A partir de ese momento, Londres trató por todos los medios de obtener condiciones de privilegio que se estrellaron contra la insospechada unidad del resto de los países miembros de la UE que se han mantenido firmes a lo largo de la tortuosa negociación. Ahora que la suerte está echada, no queda más que cumplir con lo acordado. Europa ha ofrecido a Londres las mejores condiciones posibles, preservando los fundamentos filosóficos y políticos de una unión que va mucho más allá de las cuestiones económicas y que busca el viejo sueño de un continente en el que todos sus ciudadanos sean libres e iguales y tengan los mismos derechos con independencia del lugar de nacimiento. Esto es lo que está en juego y lo que el Reino Unido no puede poner en peligro. Lo lógico y lo deseable sería que los británicos se replantearan el error del Brexit, que daña a las dos partes, y buscaran las fórmulas más idóneas, que las hay, para revertirlo. Pero de no ser así, y el tiempo, insistimos, se acaba, lo mejor es activar cuanto antes el artículo 50 con todas sus consecuencias. El desgaste de estos tres años no puede prolongarse, aunque sólo sea para que la UE pueda dedicar todos sus esfuerzos al futuro.