Rajoy, garantía de estabilidad

Aunque meritoria, la victoria de Ciudadanos en las pasadas elecciones autonómicas catalanas no ha sido suficiente para alzar un Gobierno alternativo al que, dados los resultados, pueden formar los partidos separatistas en Cataluña. Dicho de otra forma, el escenario político en el Principado apenas ha variado con respecto a los comicios de 2015. Se pueden argüir muchas excusas para explicar esta vuelta a las posiciones de partida y, sin duda, todas tendrán su parte de razón. Pero lo que nos parece absolutamente injusto es tratar de transferir la responsabilidad al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, utilizando los malos resultados obtenidos por el Partido Popular, para forzar un adelanto electoral a nivel nacional que la actual situación política ni justifica ni aconseja. Primero, porque, como señaló ayer el propio Rajoy, no conviene extrapolar unas determinadas elecciones autonómicas a otros ámbitos electorales, donde los mecanismos del voto popular se rigen por parámetros muy distintos. Así, por recoger uno de los ejemplos que citó el presidente del Gobierno, no ha transcurrido año y medio desde las últimas elecciones generales que, en Cataluña, ganó Podemos, y, sin embargo, esta fuerza política ha tenido muy malos resultados el pasado jueves, cayendo al quinto puesto. Segundo, porque nada es menos conveniente para la estabilidad de España y su proceso de recuperación económica y social que abordar un proceso electoral cuando, de nuevo, se ciernen las sombras en la comunidad catalana de un «revival» del proceso secesionista.

Sería absurdo que el batacazo de la candidatura de Xavier García Albiol –que hay que atribuir, principalmente, a la dinámica del voto útil en favor del partido naranja, que ya ejercía de líder de la oposición constitucionalista en Cataluña– eclipsara la eficaz acción política que ha llevado a cabo La Moncloa en defensa de la Ley, la democracia y la soberanía nacional que habían sido objeto del ataque más grave por parte de los separatistas. Pero si el orden constitucional ha sido restaurado en Cataluña, con la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, como refleja el hecho de que se hayan celebrado unas elecciones libres y democráticamente impecables, es imposible descartar, desafortunadamente, que los mismos partidos separatistas no vuelvan a las andadas para, por los medios que inventen, reiniciar el proceso de secesión. En ese caso, habrá que coincidir en que no parece que Inés Arrimadas tenga las fuerzas suficientes para lidiar por sí misma con el separatismo, al que una vez más habría que oponer el imperio de la Ley. A este respecto, si bien el presidente del Gobierno se mostró ayer dispuesto a dar por cumplido el artículo 155 y, en consecuencia, retirar la tutela sobre las instituciones catalanas, esta decisión no será efectiva hasta que se forme el nuevo Ejecutivo autonómico, muy probablemente nacionalista, pero cuya composición está muy condicionada por la situación penal de sus principales dirigentes. En cualquier caso, quien ocupe la Generalitat de Cataluña debe aceptar que sólo se puede actuar dentro de los márgenes de la Constitución y del Estatuto, so pena de afrontar, como sus antecesores, los rigores de la Ley. Es ahí donde los tres partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, tienen que mantener espacios de encuentro, aunque, de hecho, corresponda al Gobierno la mayor responsabilidad. Estas son las cuestiones que más importan al conjunto de los españoles y de ello deberían ser muy conscientes tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera. Desde luego, no es momento de buscar supuestas ventajas electorales.