El escándalo de los espías

Atenor de las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hay que dar por hecho que la Jefatura Superior de Policía de Barcelona investiga cientos de informes elaborados a lo largo de los últimos años por una agencia de detectives que ha tenido como clientes a diversos partidos políticos e instituciones catalanes y que tuvo que cerrar hace seis meses. Al menos, el PSC ha reconocido que le hizo varios encargos de seguridad y, como hoy publica LA RAZÓN, miembros de Convergencia Democrática de Catalunya habrían contratado sus servicios para elaborar «hojas de buena conducta» de futuros candidatos a puestos de responsabilidad en el Gobierno. En ambos casos, es probable que no se haya vulnerado la Ley. No es ilegal encargar informes personales o rastrear supuestos micrófonos ocultos, aunque no sean unas prácticas, especialmente la primera, que se compadezcan con unas relaciones sociales y políticas sanas. El problema surge cuando se confirma que políticos y particulares han sido espiados y grabados subrepticiamente sin orden de la autoridad judicial, que es absolutamente preceptiva, y por personal ajeno a los Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que incluye a las policías autonómicas. Se trata de un delito grave, imputable no sólo al autor material de las grabaciones, sino, también, a quien hace el encargo. Es el caso de la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez–Camacho, y de una mujer, ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, grabadas contra su voluntad mientras almorzaban en un conocido restaurante barcelonés. Desde el Gobierno autonómico de Cataluña se intenta quitar hierro al asunto e, incluso, se pretende tender una cortina de humo en forma de «conspiración antinacionalista». No es el caso. Muchas de las investigaciones bajo sospecha fueron encargadas antes de que se consumara el «arrebato» separatista de CiU, y no sería extraño que hubiera diferencias políticas internas entre los sujetos investigados y quienes encargaron desde CDC los informes de buena conducta. De cualquier forma, intentar minimizar ciertos actos, indeseables en la convivencia social y democrática, no es el mejor camino que puede tomar un gobierno. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, llevó el asunto a un punto de sensatez. Sin exagerar la extensión de estas prácticas, Sáenz de Santamaría ha confirmado que la Policía está investigando a fondo todos los documentos facilitados por un ex empleado de la agencia de detectives y que el resultado de las pesquisas será elevado a la Justicia, que se encargará de establecer las responsabilidades penales en que se haya incurrido. Es el único camino posible para aclarar unas sospechas que tanto daño hacen a la imagen de unos políticos ya excesivamente cuestionados por la opinión pública.