El Gobierno lleva la crisis al CGPJ

Una vez que el PSOE decidió, en 1985, que Montesquieu había muerto y se estableció la elección exclusiva por el Poder Legislativo de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, era lógico que entraran en juego las matemáticas parlamentarias y los inevitables escarceos partidistas a la hora de conformar el órgano de gobierno de los jueces. No hay, pues, motivo para rasgarse las vestiduras ante el hecho de que las dos principales formaciones políticas, condicionadas por la mayoría cualificada del Congreso y el Senado que exige la Ley en la designación de cada vocal, busquen fórmulas de acuerdo y pacten la composición del Consejo, siempre que ésta se haga desde la búsqueda del equilibrio político y la excelencia profesional. Por supuesto, todo el proceso, que simplemente traslada a la Magistratura el reflejo del resultado electoral, debe guardar unas formas exquisitas, por cuanto, en el caso de los magistrados, pero no sólo, expone a unos funcionarios, por definición, independientes, al escrutinio de la opinión pública, siempre proclive a dar pábulo a la etiqueta simplista y al cliché. Pues bien, en el presente proceso de renovación del CGPJ ha fallado esta elemental elegancia, hasta el punto de que pareciera que nos hallábamos ante un mercado persa, en el que cada partido, con la excepción de Ciudadanos, disputaba su cuota de poder, como si la independencia judicial, socialmente cuestionada por episodios como el de las hipotecas del Tribunal Supremo, no tuviera carta de naturaleza en nuestra democracia, lo que es absolutamente incierto. En todo este episodio hay, sin embargo, un claro responsable que no es otro que el Gobierno de Pedro Sánchez, de cuyo entorno monclovita procedieron las filtraciones a sus medios afines del contenido de las negociaciones con el Partido Popular, llegando al colmo de la descortesía institucional de facilitar a un periódico, ducho, por otra parte, en etiquetar ideológicamente a los jueces, el nombre del futuro presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, que, no lo olvidemos, debía ser elegido por los vocales. A partir de ese momento, la figura del magistrado Manuel Marchena, uno de los mejores juristas del país y con una carrera profesional intachable, pasó a ser manoseada ante la opinión pública, con especial saña por parte de los separatista catalanes. Si a esta circunstancia le añadimos el ventajismo de imponer en la negociación el nombre de un juez incómodo para la oposición, con el único objetivo de desgastar al nuevo liderazgo popular, y el espectáculo zafio de los dirigentes de Podemos arrojando nombres de supuestos afines sobre la mesa, no sólo entenderemos la digna decisión del juez Manuel Marchena, institucionalmente impecable y que reivindica la independencia de nuestra Magistratura, sino, también, la decisión del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de romper unas negociaciones con el PSOE que, frente a su buena voluntad, demostrada con la renuncia a proponer a la mayoría de los vocales, sólo le había acarreado las críticas acerbas entre sus propios diputados y senadores, y, por supuesto, entre los afiliados y simpatizantes del partido, y causa indirecta de la enorme torpeza cometida por el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó. La peripecia vivida, donde, hay que insistir en ello, se han visto envueltos innecesariamente profesionales de la Justicia de larga trayectoria, demuestra la necesidad de que el Parlamento encuentre una fórmula que, respetando el espíritu del artículo 122 de la Constitución, permita la despolitización de la elección del CGPJ, que el PP promoverá con una iniciativa en las Cortes, garantice la separación de los poderes del Estado y devuelva la confianza a los ciudadanos en la independencia judicial. No es un desafío sobre el que se pueda improvisar.