El poder de la Ley en Cataluña

En un Estado de Derecho todos somos iguales ante la Ley y nadie puede situarse ni sentirse al margen de ella. Ni siquiera aquellos que aseguran no reconocer su autoridad y que pretenden declararse en rebeldía. La desobediencia de las normas jurídicas en democracia está condenada al fracaso y a la frustración. Los separatistas catalanes parecen decididos a recorrer un camino contra la legalidad que no conducirá a ninguna parte. Cuando uno de los hombres fuertes de la Generalitat, Francesc Homs, aseguró que no podían «aceptar la legalidad española» se situaba de palabra, que no de hecho todavía, en un terreno imposible. Artur Mas, Oriol Junqueras, Raül Romeva y el resto de integrantes de la lista separatista están embarcados en un proyecto que pretende burlar la leyes ignorándolas, como si no existieran, pero ese comportamiento es tan ingenuo como vano. El Gobierno se encargó ayer de recordar al presidente de la Generalitat y al resto de los candidatos secesionistas lo que no pueden desconocer. Mariano Rajoy afirmó que no permitirá un «ataque frontal a la Ley» y Soraya Sáenz de Santamaría dejó sentado que hay mecanismos «frente a quien piense que está por encima del bien y del mal». En efecto, los hay y no menores. El Rey tendrá la oportunidad de volver a reivindicar el peso de la legalidad y del orden constitucional mañana en Barcelona, en el acto de la entrega de despachos a la nueva promoción de licenciados de la Escuela Judicial. Será su primer acto en Cataluña tras la presentación de la candidatura conjunta independentista y tras la reciente audiencia a Artur Mas en La Zarzuela, en la que al parecer el president habría detallado su hoja de ruta rupturista. Don Felipe pondrá en valor con su presencia y sus palabras el peso de la seguridad jurídica y del orden establecido delante de Artur Mas y de la cúpula del Poder Judicial, de aquellos que precisamente deben velar por la prevalencia del marco constitucional y por el sometimiento de todos los ciudadanos al mismo. El mensaje de la Corona, que también repitió el Rey en Bilbao esta semana, y la posición del Gobierno transmiten la firme convicción y la determinación de que la democracia tiene la fortaleza necesaria para sobreponerse y responder ante aquellos que la pretenden minar. El separatismo ha anunciado ya su voluntad de avanzar hacia la independencia de Cataluña como sea y contra quien sea, incluida una declaración unilateral con la inmediata «desconexión» con el resto de España. Infravalorar o calcular mal los riesgos que una situación de ruptura forzada conlleva es una mala opción propia de irresponsables. Avanzar por las bravas contra la legalidad en un Estado de Derecho no es un proceso inocuo para los implicados, y sólo demuestra hasta qué punto la suerte de los ciudadanos de Cataluña está supeditada a los absurdos delirios de una casta de profesionales del independentismo.