El PSOE contra los títulos nobiliarios

La absoluta inactividad parlamentaria derivada del bloqueo político al que ha conducido la exigua mayoría con la que aspira a gobernar Pedro Sánchez, no impide que el motor ideológico del PSOE siga trabajando en el frente que le es más rentable, aunque socialmente más improductivo. Antes de irse de vacaciones, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la Proposición de Ley sobre la Memoria Histórica y Democrática, que surge del convencimiento de que, tras la Ley 52/2007 que salió adelante bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, es necesario actualizarla para que «la memoria histórica se convierta en una política de Estado y que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva, no dependiendo de la voluntad del gobierno de turno», dice en su exposición de motivos. Es excesivo hablar de «política de Estado» cuando la ley de 2007 no se consensuó, incluso su reforma de marzo de 2008 –ya con el Gobierno de Sánchez, aunque con mayoría parlamentaria de PP y Cs–, que es la base de esta nueva proposición, fue tumbada por la Mesa del Congreso. La Ley de Memoria Histórica parte de un error intencionado que ha servido para condicionar la política frentista que ha definido los últimos gobiernos socialistas: el centroderecha es culpable directo de la Guerra Civil y heredero de la dictadura franquista. No es así, claro, si se actuase con rigor y lealtad. Desconocemos bajo qué criterio se ha propuesto ahora incluir la supresión de los títulos nobiliarios que se concedieron entre 1948 y 1977 y, añade con calculada ambigüedad, «así como de concesión posterior, que representen la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura». En primer lugar, hay que recordar que, en febrero de 2018, el PSOE votó en contra de una propuesta de ERC de suprimir los títulos nobiliarios. Si a este hecho sumamos que los independentistas de Oriol Junqueras votaron en contra de la Ley de Memoria Histórica porque querían añadir aspectos sobre la «impunidad» de la Transición, sería fácilmente deducible que la actual proposición socialista les puede contentar en algo cara a la investidura de Sánchez. Pero, en el fondo, esta sería una cuestión menor. Lo relevante es que tras la promulgación en 1947 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, España se constituyó en Reino, aún sin Rey –y con Don Juan de Borbón en el exilio-, lo que le permitió a Franco conceder títulos nobiliarios. Se restituía así una ley que había sido abolida en la Segunda República. Nos tememos que el Gobierno puede entrar en un largo pleito legal si quiere retirar los títulos a destacados militares del bando franquista durante la guerra –Mola, Moscardó, Dávila, Queipo de Llano, Cervera, Yagüe o Kindelán–, pero más difícil será justificar la supresión de los concedidos a nombre del pensador Ramiro de Maeztu, del ingeniero Eduardo Torroja, del empresario Pedro Barrié de la Maza, del inventor aeronáutico Juan de la Cierva o del científico Santiago Ramón y Cajal. No nos cabe la menor duda que este nuevo socialismo provocará el debate estéril que le permite alimentar ideológicamente su proyecto de seguir enfrentando a los españoles. Pero hay algo más que el PSOE no debería perder de vista, si es que se mantiene firme en su compromiso con la Monarquía parlamentaria. De los cincuenta y cinco títulos nobiliarios que otorgó Juan Carlos hay uno que se ajustaría a la «exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura» suficiente para su eliminación, y no es otro que el ducado de Franco, a no ser que quieran ampliar el criterio a otros que no negaron nunca su inclinación franquista, a pesar de sus méritos civiles innegables. Sería la primera vez que, de aplicarse esta ley, perdería valor algo que había sido sancionado por el jefe del Estado, a la sazón, Rey de España. La Memoria Histórica devorará a sus hijos.