El separatismo entra en casa

El «proceso participativo» que culminará el próximo 9 de noviembre tiene una peculiaridad, entre muchas otras características singulares: que no se sabe si el resultado será tenido en cuenta. Sabemos que es una consulta que pregunta por algo que escapa a las atribuciones de la Generalitat, pues no puede decidir sobre el futuro territorial de España, pero también sabemos que no se trata de un referéndum «de verdad», sino de una forma de encuesta para saber si los catalanes quieren separarse del resto de España, una protesta para escenificar un sentimiento de pertenencia, incluso una forma de agitación para perpetuar el «conflicto» y endulzar la frustración de no poder votar «de verdad» y, de paso, calentar al electorado para unas posibles elecciones anticipadas. El «proceso participativo» es, en esencia, confuso –e intencionadamente confuso–, pero tiene unos propósitos que no pueden esconderse: escenificar el «derecho a decidir», estrategia ideada para evidenciar que Cataluña quiere declarar la independencia. Bajo ese criterio, el Gobierno ha recurrido la consulta ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el resultado que salga el 9-N sólo puede interpretarse desde esa confusión. No hay que perder de vista el dictamen del Consejo de Estado, según el cual la consulta no aseguraba las elementales garantías democráticas, incluso no existe un censo electoral previo. Según una encuesta de NC Report que publica hoy LA RAZÓN, sólo votaría un 55,7% de los preguntados, una cifra que no puede ser tenida en cuenta si la comparamos con la participación en los referendos de Quebec de 1980 (85,6%) y 1992 (82,8%) y de Escocia de 1995 (93,5%) y 2014 (84,6%). Aun teniendo en cuenta que, como también apunta el Consejo de Estado, no existe un «procedimiento electoral, ni plazos, ni campaña como tal, ni mecanismos de control del escrutinio», un 43,6% votaría a favor de un «Estado independiente» (el «sí-sí»), mientras que un 39,7% se inclinaría por el «no», que, sumado al 9% que rechazaría la secesión –aunque sí «más Estado» (el voto del «sí-no»)– supondría un 48,7%. La conclusión es que estos resultados irían en contra de la Ley de Claridad de Canadá, que es la aceptada, y que sostiene que la secesión no se puede declarar por un estrecho margen de votos de diferencia. Lo realmente alarmante y que resume el «proceso» es la enorme división provocada en la sociedad catalana. A la pregunta de si «el proceso soberanista ha creado tensiones entre personas de su entorno más cercano», un 41,9% de los encuestados reconoce haberlas sufrido. No es extraño que esa fricción sea una realidad: la campaña lanzada por los independentistas mostrando fotografías de personalidades fallecidas, muchas de las cuales siempre rechazaron el nacionalismo, para llamar al voto de la consulta es, de nuevo, una frontera que se ha franqueado.