En defensa del castellano

El cumplimiento de determinadas leyes en Cataluña, siempre que afecte a aspectos que rocen lo identitario, e innegociable por lo tanto para el nacionalismo, como es el uso exclusivo de la lengua catalana en la educación, se ha convertido en un imposible. Pero no hay que olvidar que el incumplimiento de la ley por parte de un Gobierno es una fuente de deslegitimación. La Generalitat, en este caso gobernada por CiU, pero también bajo gobiernos de izquierda, se ha negado al cumplimiento de sentencias presentadas por padres que piden que sus hijos reciban las clases «también» –ya no piden «solamente»– en castellano. La última de las sentencias es de finales de enero y en ella el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fue especialmente claro porque fijó el uso del castellano como lengua vehicular en un 25 por ciento del horario lectivo. En este caso, fue a partir de cinco denuncias y deberán ser aplicadas a su vez en cinco colegios. ¿Cuándo? La consejera de Educación ya anunció la presentación de un recurso en tanto lo estipulado por el TSJC altera el modelo catalán de inmersión lingüística. El objetivo no es otro que demorar una decisión, cuando no condenar directamente a una batalla legal en la que están abrumadoramente en minoría o que, cuando se aplique, se llegue a la grotesca situación de que el alumno haya acabado los estudios de primaria o secundaria. Para evitar este tipo de ardid jurídico, la Fiscalía va a actuar contra la Generalitat, y de manera directa contra la titular de Educación, si no cumple la sentencia del TSJC. El objetivo no es otro que defender el derecho de unos ciudadanos a garantizar el bilingüismo en la escuela, aspecto que ya fue tratado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto al señalar que «ambas lenguas han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo» y que «es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares». La Generalitat hizo caso omiso de un texto en el que, en ningún caso quiere menoscabar el uso del catalán, del todo preeminente en la educación. De esta manera, añade que «nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza», si bien la lengua castellana debe ser «objeto de idéntico derecho» y ser considerada también lengua vehicular. El Gobierno de Artur Mas se niega a aplicar esta doctrina y plantea el cumplimiento de la ley como una «imposición» inadmisible. Ya sabemos que el nacionalismo ha construido su aplastante hegemonía sobre el olvido de unos ciudadanos que sólo quieren que sus hijos estudien, como también obliga el Estatuto, en castellano. Sin duda, es el momento de que la Fiscalía actúe.