Enseñanza y lengua común

El objetivo que pretende la reforma educativa abanderada por José Ignacio Wert de que el castellano tenga un peso razonable en la enseñanza de las comunidades autónomas con lengua cooficial es loable y congruente con el deber del Gobierno de la nación de garantizar el uso del idioma común de todos los españoles. Cosa bien distinta es si el ministro de Educación ha empleado la metodología adecuada para lograr su propósito sin darle ventaja al victimismo nacionalista. Habría sido deseable un mayor esfuerzo negociador para que la convivencia lingüística que establece la Constitución se articule sin crispación ni estériles enfrentamientos. En todo caso, la reacción airada de Artur Mas, secundada por los separatistas, es impropia de un gobernante cuya comunidad habla con normalidad los dos idiomas. Su llamamiento a la «insumisión» es inaudito en un presidente autonómico que debe ser ejemplar en el cumplimiento de la legalidad. Pero también supone una falta de consideración hacia los millones de catalanes catellanohablantes, muchos de los cuales se sienten agredidos por una política que hasta el propio Tribunal Supremo ha condenado en repetidas ocasiones. Resulta elocuente que de las cinco comunidades con lengua cooficial sólo en Cataluña hayan llamado a rebato sus gobernantes, con la típica retórica victimista. El motivo es que desde hace treinta años los sucesivos gobiernos catalanes han hecho de la lengua en las aulas un arma identitaria y del castellano su enemigo natural. Por tanto, el Gobierno de la nación hace bien en cumplir con sus obligaciones constitucionales en velar por los derechos de todos y especialmente, en el ámbito educativo, por el de los padres a elegir la lengua en la que desean educar a sus hijos. Garantizar el empleo de la lengua común y la libertad de elección de ningún modo erosiona o margina el catalán, como demagógicamente afirma la consejera Rigau. El futuro y la pujanza de la lengua catalana no se aseguran con imposiciones, multas o delaciones, y menos aún con la estigmatización del castellano, sino con la libre voluntad de los ciudadanos, que todos los poderes públicos deben respetar. Se equivocan, otra vez, los nacionalistas y separatistas al envolverse en la bandera. No obstante, también sería conveniente que el ministro Wert trabajara con más ahínco para limar diferencias, de forma que una buena reforma, como la suya, no se vea como un trágala o como una agresión que no es. El proyecto presentado ayer a los consejeros de Educación tiene recorrido y es susceptible de modificaciones para acercar posturas y, sobre todo, para disipar malos entendidos, uno de los cuales es que la enseñanza en catalán queda relegada a la cuarta fila. No es cierto, pero no estaría de más hacer el esfuerzo para clarificarlo.