España
Estabilidad institucional
El tradicional despacho de verano del presidente del Gobierno con Su Majestad no sólo refleja la normalidad institucional en la que se desenvuelve la democracia española, sino que supone una oportunidad para el análisis y la reflexión de la marcha de los acontecimientos, una vez finalizado el curso político y sin las urgencias que impone el día a día del debate partidario. Por supuesto, el encuentro no excluye los asuntos coyunturales, de los que el Jefe del Estado recibe puntual información por parte del Gobierno, como ha ocurrido en esta ocasión con la emergencia del ébola o el enrarecimiento de las relaciones comerciales con Rusia. De ambos asuntos trataron Don Felipe y Mariano Rajoy, aunque el núcleo del despacho real se centró, según explicó el propio presidente del Gobierno, en el examen de la actual situación económica y en las perspectivas sobre su evolución en los próximos meses, que si bien son positivas, necesitan para plasmarse que el conjunto de la eurozona incremente su ritmo de crecimiento. No es ajeno el Gobierno a los problemas que plantea el tropiezo de Italia –que ha entrado en recesión– o la debilidad de Francia, pero confía en que superarán sus dificultades en el presente ejercicio. Si bien otras cuestiones que preocupan a la opinión pública, como el desafío separatista del Gobierno de la Generalitat, no estuvieron ayer sobre la mesa, pues ya habían sido tratados con Su Majestad en fechas muy recientes, a raíz de la reunión en Moncloa entre el presidente del Ejecutivo y Artur Mas. No hay, además, –no puede haberlo– cambio alguno en la posición expuesta por el presidente del Gobierno ante las reclamaciones de los nacionalistas catalanes, postura bien resumida por Mariano Rajoy con la expresión «Ley y diálogo», que descarta la consulta por su propia naturaleza. Sin duda, esta expresión de firmeza por parte del Gobierno debería ser aprovechada por la Generalitat de Cataluña como una oportunidad para rectificar errores, puesto que cierra la puerta a cualquier especulación de los separatistas sobre el final del proceso, y prestarse al diálogo que ofrece Mariano Rajoy para tratar problemas como el de la financiación. Parece claro que no se plantea, mientras persistan las actuales circunstancias fiscales de bajos ingresos, un cambio en el modelo existente, por más que presente disfunciones por todos conocidas, pero sí para una reestructuración de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, por ejemplo, como ha ofrecido el Gobierno central. En definitiva, volver a los cauces de la lealtad institucional, que es la mejor fórmula de progreso para Cataluña y para el resto de España, y supondría un acicate decisivo para impulsar el crecimiento y derrotar de manera definitiva a la larga crisis.
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