Opinión

Extensión del odio a España

La Razón
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S e equivocan, y mucho, quienes pretendan atribuir a una broma de mal gusto lo ocurrido al concejal del Partido Popular, Jaume Gelada, en su domicilio familiar de la localidad barcelonesa de Cardedeu. Cuando menos, estamos ante una clara intimidación por razones ideológicas, si bien los hechos podrían encajar directamente en el tipo penal de las amenazas. Tendrá que ser la Justicia, preferentemente a iniciativa del Ministerio Público, la que determine la naturaleza del delito y la sanción penal que corresponda a sus autores, perfectamente identificados. Sólo una reacción contundente del sistema judicial, último garante de los derechos ciudadanos, puede llevar al ánimo de los separatistas catalanes el respeto debido a las leyes y a los derechos políticos reconocidos en nuestra Constitución. Sin embargo, el asunto tiene, además, una lectura social muy preocupante, por cuanto expresa la siembra del odio hacia quienes se sienten españoles en Cataluña y se reconocen como tales. Un proceso de estigmatización que busca extender el miedo y acallar cualquier tipo de manifestación pública que disienta del dogma soberanista. Nada que no hayamos visto en el País Vasco, con la particularidad de que no se ejecuta por un grupo terrorista y su brazo político, sino desde partidos con representación parlamentaria e instituciones que reciben subvenciones y apoyos explícitos del propio Gobierno de la Generalitat. Tal es así, que entre los figurantes de escopeteros que simularon el fusilamiento del concejal Gelada, se encuentran –de acuerdo con la nota de protesta del PP local– Miquel Pujades Subiranas, de ERC; Josep Girbau, de la CUP, y Manel Álvarez, de la asociación Omnium Cultural. Es decir, representantes de la punta de lanza separatista, cuya actitud intolerante gana en agresividad a medida que en la sociedad catalana empiezan a oírse voces cada vez más numerosas contra la deriva secesionista impulsada por el Gobierno de Artur Mas. Hasta no hace muchas fechas, las campañas intimidatorias –algunas de una violencia verbal siniestra– contra quienes se expresan en clave constitucionalista en Cataluña se limitaban al mundo de las redes sociales, pero a medida que se acerca la fecha de la frustración están generalizándose en las calles, ante la indiferencia de las autoridades encargadas de defender las leyes y el silencio ominoso de buena parte de los medios de comunicación públicos, que tienden a despachar con el remoquete de «hechos aislados» las continuas agresiones a las sedes de los partidos constitucionalistas y los actos de intimidación ante cualquier manifestación pública, incluidas las intervenciones en recintos universitarios. En definitiva, la Justicia debe dar una respuesta rápida y contundente en Cardedeu, so pena de que se siga extendiendo la idea de que los separatistas gozan de impunidad.