Fin a la selva legislativa

La prueba de la metástasis legislativa que padece el Estado de las autonomías se resume en este dato comparativo: mientras que las leyes aprobadas en la Alemania de los lander durante los últimos 30 años no superan las once mil y ocupan unos cien mil folios, las dictadas en España son cien mil y abarcan un millón de páginas. Es decir, en nuestro país se ha legislado diez veces más que en una república federal más extensa y con el doble de población. El precio de esta inflación de normas, licencias, requisitos y burocracia, tras la que se han parapetado los gobiernos autonómicos como si gestionaran fincas particulares, supone unos 1.500 millones de euros al año. Pero también es una de las causas por las que muchos empresarios extranjeros han desistido de invertir en un país que le exige 17 etiquetas y requisitos técnicos distintos para un mismo producto. Más aún, si una pequeña empresa o un autónomo quiere ampliar su negocio más allá de su lugar de origen se ha de enfrentar a tantas ventanillas administrativas como autonomías quiera abarcar; le saldría menos costoso burocráticamente saltar directamente a Alemania. Poner fin a esta maraña surrealista de leyes y disposiciones es desde hace años una demanda insistente de empresarios, autónomos e inversores, pero ningún gobierno se ha atrevido a satisfacerla. El temor supersticioso a irritar a los nacionalistas ha paralizado cualquier intento de racionalizar el mercado y de suprimir barreras más propias de la Edad Media que del siglo XXI. Ha habido que esperar hasta hoy para que un gobierno nacional tome la decisión largamente esperada. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que permitirá a empresas y profesionales comerciar con sus productos o servicios en toda España con una única licencia. La ley, inspirada en el principio de no discriminación y de acuerdo a la normativa europea, se basa en la confianza, el reconocimiento mutuo y la responsabilidad de las comunidades autónomas. Se crea a tal fin un Consejo para la Unidad de Mercado, en el que estarán presentes el ministro y los consejeros autonómicos del ramo. Asimismo, se pone a disposición de los sectores concernidos la posibilidad de acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia contra los actos o sanciones de las administraciones autonómicas que pudieran vulnerar la unidad de mercado. Es muy probable que no tarden en saltar contra esta ley los nacionalistas, en especial los que gobiernan en el País Vasco y Cataluña, predispuestos a ver una agresión detrás de cada medida racionalizadora y eficiente del Gobierno nacional. Sin embargo, antes de disparar, deberían tener presente que las comunidades más favorecidas por la nueva norma serán, precisamente, el País Vasco y Cataluña, además de Madrid.