Garantía de los derechos civiles

Le asiste mucha parte de razón al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando denuncia que muchas de las críticas que ha recibido la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana –que ayer aprobó el pleno del Congreso– proceden de personas que no parece que hayan leído el texto legislativo o que le atribuyen disposiciones que ya no figuran en su redacción definitiva. De hecho, algunas de las afirmaciones vertidas por representantes de la Oposición ignoran, deliberadamente o no, las numerosas enmiendas admitidas durante el trámite parlamentario del proyecto de ley o las que fuerton introducidas por consejo de los órganos consultivos del Estado. Tal vez, cabría reprocharle al Gobierno que hiciese público y presentase para su discusión un texto demasiado embrionario, que es el que –con la inestimable ayuda de una oposición refractaria a cualquier acuerdo político de calado– ha quedado fijado en el imaginario colectivo. También suscita una duda legítima la conveniencia de enmendar la Ley de Extranjería a través de este nuevo texto legal, en lugar de abordar una modificación específica, pero lo que debe quedar fuera de toda sospecha es que se trata de una ley que cumple escrupulosamente con nuestro ordenamiento constitucional y que, como no podía ser de otra forma, respeta los principios garantistas de los derechos individuales que siempre han caracterizado a la democracia española. No en vano, la nueva ley –que se antoja indispensable ante la desaparición de las faltas en el nuevo Código Penal y ante los cambios tecnológicos y sociales sucedidos desde 1992, cuando se aprobó la polémica «ley Corcuera», una parte de la cual fue declarada inconstitucional– ha pasado por el dictamen del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, que han mejorado el texto, reduciendo las conductas consideradas muy graves a sólo tres y manteniendo la cuantía de las sanciones como en la actualidad. Pero la Ley de Seguridad Ciudadana ha recibido otras muchas aportaciones técnicas de los distintos organismos concernidos, desde el Defensor del Pueblo al Ministerio de Hacienda, pasando por la Agencia de Protección de Datos o el Ministerio de Sanidad. En definitiva, y pese al excesivo ruido ambiental que ha presidido toda su tramitación, se trata de una legislación oportuna que, lejos de mermar los derechos de manifestación o de expresión de los ciudadanos, los protege de la actuación de individuos violentos que, en demasiadas ocasiones, se creen los únicos titulares del uso de los espacios públicos. Una minoría, como recordó el ministro Fernández Díaz –de las 90.000 manifestaciones celebradas en la presente Legislatura, sólo el 0,08 por ciento registró incidentes–, contra la que es preciso que caiga todo el peso de la Ley.