Golpe de autoridad del Papa

Es cierto que la pederastia no ha sido, ni es, un problema que afecte exclusivamente a la Iglesia, pero también lo es que se trata de un delito cuanto más execrable cuando se produce en el seno de una institución a la que se presupone autoridad moral y credibilidad ética, como bien señaló, ayer, el Papa Francisco en su discurso de clausura de la histórica cumbre vaticana que ha examinado los abusos a menores cometidos por sus miembros y la manera de erradicar y prevenir unas conductas calificadas de monstruosas. Con la celebración de esta cumbre, que ha reunido en Roma a las doscientas personas con mayor relevancia y responsabilidad del cuerpo eclesial, podemos hablar, sin lugar a dudas, de un antes y un después en la manera de abordar la pederastia por la comunidad católica, aunque sólo sea porque Su Santidad ha reconocido, y, consecuentemente, rechazado, que uno de los factores que ha provocado la actual situación es la extendida mentalidad defensiva-reaccionaria de salvaguarda de la Iglesia, en la que se han escudado muchos prelados, obispos y, también, responsables laicos para poner sordina o, incluso, encubrir unas acciones sin justificación posible. No pretendemos descubrir el Mediterráneo al señalar que, ciertamente, la denuncia de la pederastia en la Iglesia católica ha servido para la estigmatización general de la institución por parte de quienes, desde muy antiguo, mantienen un rechazo visceral al catolicismo y a todo lo que representa, pero la respuesta nunca pudo ser la que ha sido: el silencio culposo, la negación por principio o, lo que es peor, el encubrimiento de delincuentes que estaban perfectamente denunciados e identificados por sus compañeros de hábito y sus superiores. La supuesta defensa de la Iglesia, nos dice el Papa, no puede sostenerse en la mentira y ningún abuso debe ser jamás encubierto ni infravalorado, porque el encubrimiento de los abusos favorece que se extienda el mal y añade un nivel adicional de escándalo. Las palabras de Francisco no han sido bien acogidas, sin embargo, entre los representantes de la asociaciones de víctimas, que exigían medidas más directas de penalización de los abusadores y reparación del daño, pero creemos que no es posible confundir los dos planos que conforman el problema. Por supuesto, la persecución y castigo de los autores, en los casos donde el largo tiempo transcurrido desde los hechos no lo hace penalmente posible, es una reclamación indiscutible y, de hecho, hace ya tiempo que la Iglesia, a despecho de la normativa eclesial sobre el secreto, traslada a la autoridad civil los casos de pederastia que surgen, pero la Cumbre vaticana no trataba de la casuística, sino de algo mucho más trascendental: conseguir ese cambio de mentalidad que convierta a cada uno de sus miembros, sin excusa ni justificaciones, en agentes activos contra la lacra de las agresiones sexuales en la infancia, también cuando se producen fuera del ámbito eclesial. Ahora, seguirán en los próximos meses una batería de normas, recomendaciones y prácticas que servirán de guía de conducta para quienes más responsabilidad tienen en las diócesis, órdenes religiosas y seglares vinculados al mundo de la educación. También, instrucciones sobre el inexcusable traslado a la justicia civil de los delitos que se conozcan en este ámbito. Pero nada cambiará realmente si el mundo católico no interioriza la exhortación del Papa de que defender los valores de la Iglesia frente a sus enemigos pasa por reconocer los problemas que la habitan, como a cualquier otra institución gobernada por simples humanos.